La reciente propuesta de regulación del mercado de capacidad presentada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) representa un paso significativo hacia la integración de tecnologías limpias en el sistema eléctrico español como el almacenamiento, clave para la flexibilidad y garantía de suministro.
Durante la última Open Session de AEPIBAL, los analistas de mercado Chema Zabala López y José Manuel Menéndez comentaron que se estima que España podría alcanzar un despliegue de 5 GW de almacenamiento para el año 2030, con inversiones orientadas a baterías de larga duración.
Actualmente, el servicio de banda secundaria, que permite ajustar el suministro eléctrico en tiempo real, es una de las áreas más relevantes para la retribución.
En 2024, este servicio generó un coste para los consumidores de aproximadamente 700 millones de euros, lo que refleja su importancia económica.
Según Menéndez, “las baterías tienen una ventaja operativa en este mercado, gracias a su flexibilidad para responder a las señales de precio en las horas de mayor estrés”.
Los analistas señalaron que las baterías con autonomías de cuatro horas se encuentran particularmente bien posicionadas para capturar estos ingresos.
Sin embargo, a medida que el almacenamiento crezca, los precios asociados a la banda secundaria podrían reducirse en más del 50% hacia 2028-2029, beneficiando a los consumidores pero impactando la rentabilidad de nuevas instalaciones.
Pero con un coeficiente de firmeza cercano al 80%, también se posicionan favorablemente en las subastas de capacidad.
La combinación de ingresos provenientes de ambos mecanismos garantiza que los primeros proyectos de almacenamiento, previstos entre 2026 y 2028, logren rentabilidades superiores al 10%.
Este atractivo inicial podría moderarse hacia finales de la década, cuando los retornos se estabilicen en torno al 6%-8%, debido a la entrada de nuevas baterías y la consiguiente competencia en los mercados.
El mercado de capacidad, que ofrecerá pagos fijos a las baterías adjudicatarias por periodos de hasta diez años, es visto como un mecanismo esencial para proporcionar certidumbre económica a los promotores.
Sin embargo, Zabala subraya que este esquema no está diseñado para incentivar el almacenamiento en particular, sino para garantizar la seguridad del suministro.
“Para alcanzar metas más ambiciosas, será necesario implementar un mecanismo adicional que remunere la flexibilidad y fomente su despliegue”, añade.
Desafíos regulatorios y futuro del almacenamiento
A pesar de las oportunidades, los analistas advierten sobre desafíos en la implementación de los esquemas retributivos.
La definición de las horas de estrés, el coeficiente de firmeza y los umbrales de emisiones serán factores determinantes para la competitividad del almacenamiento frente a otras tecnologías.
Según las previsiones presentadas, España podría alcanzar 5 GW de capacidad de almacenamiento para 2030, siempre y cuando se mantengan los incentivos actuales y se introduzcan ajustes que favorezcan el despliegue masivo.
Zabala concluye: “El almacenamiento no solo aporta flexibilidad al sistema, sino que también genera beneficios económicos tangibles al reducir los costes de balance y garantizar la seguridad del suministro”.
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