“Nunca ha habido tantas oportunidades a la vez para el desarrollo tecnológico y de infraestructura asociado a la transición energética”, afirma Joaquín Coronado Galdos, experto en energía, Chairman en startups Build to Zero y Consejero en Greenfo. 

En entrevista exclusiva con Energía Estratégica España, comenta que los principales desafíos a los que se enfrenta el mercado energético están relacionados con el insuficiente desarrollo regulatorio para dar cumplimiento a los objetivos de 2030. 

En este sentido propone su punto de vista sobre cómo acelerar los procesos de tramitación y evitarle a la administración pública los cuellos de botella producto de la gran cantidad de proyectos presentados. 

¿Qué piensa respecto a los objetivos renovables en España?

Cuando miras los objetivos del PNIEC hacia 2030 y lo comparas con el ritmo que estamos llevando hoy, no veo riesgos de que no se vayan a cumplir. Más bien los planteados para la eólica y, en particular, para la solar fotovoltaica creo que se van a superar con creces. 

Sin embargo, las metas del almacenamiento están muy basadas en hacer nuevas centrales hidráulicas de bombeo, donde no hay ningún progreso y parece difícil que los proyectos obtengan los permisos medioambientales y de construcción para llegar a tiempo.

En relación a las baterías, se ha hecho muy poco porque no están los incentivos regulatorios para que eso ocurra. 

El mercado de capacidad que sacó a consulta el Gobierno el año pasado no ha avanzado, por lo que no hay un esquema retributivo claro. 

Creo que tenemos riesgo de quedarnos a muy por debajo del objetivo de almacenamiento, lo cual es un poco incoherente ya que vamos a quedar muy por encima en solar y eólica.

Esto puede dar lugar a un excedente de energía muy importante entre las 12 y las 19 horas de cada día. Así como ocurrió el domingo de semana santa, cuando la Red Eléctrica España obligó a las plantas solares a cortar la producción, desaprovechando el recurso. 

Si no arreglamos esto para 2030, ya no ocurrirá un día de forma anecdótica, sino que pasará durante muchas horas del año, sobre todo entre abril y octubre.

¿Qué hace falta para mejorar en este sentido?

Las nuevas tecnologías que tienen que ver con el desarrollo del biometano, los gases renovables, la biomasa y el almacenamiento, necesitan cierta arquitectura regulatoria que hoy no tenemos.

Como por ejemplo: disponer de un mercado de capacidad, obligaciones de utilización de gases renovables por parte de las comercializadoras, de un proceso de certificación de la prueba de sostenibilidad primando las emisiones evitadas de CO2 y sobre todo de metano, y el cumplimiento del calendario de subastas, entre otras que nos ayudarían mucho a seguir creciendo. 

Creo que nos hemos enfocado mucho en el hidrógeno, que es muy positivo. Pero el hidrógeno no nos va a resolver el problema del 2030, lo va a hacer con el del 2050. 

Sin embargo, el almacenamiento y los gases renovables sí nos pueden dar soluciones en los próximos 10 años. 

¿Cuál cree que es el principal desafío que deben enfrentar las renovables?

Hoy, el gran cuello de botella para cumplir los objetivos renovables del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) es la obtención de permisos. 

Si haces todo perfecto, tardas dos años en que te autoricen una planta fotovoltaica. Pero lo normal es que sea un proceso de más de tres años, mientras que para una eólica es de más de cinco años.

Es aquí donde se mezcla la complejidad del sistema administrativo español con una ausencia completa de recursos por parte del Estado para poder atender todo el proceso de analizar solicitudes y otorgar permisos. 

En lo que va de año se han conectado a red 1.100 MW de fotovoltaica, cuando esa cifra podría multiplicarse al menos por 5 si tenemos en cuenta el grandísimo volumen de proyectos en tramitación, pero no se obtienen las licencias. 

Con el decreto de mayo, el Gobierno definió un proceso acelerado para estas tecnologías principales que estuvieran ubicadas fuera del Plan Natura,  pero eso no arregla el déficit de recursos de las administraciones.

Creo que deberían contar con las capacidades de las grandes firmas de consultoría y digitalizar el proceso completamente para eliminar la restricción de la lentitud en la consecución de las autorizaciones medioambientales y de construcción. 

Hay grandísimas compañías nacionales e internacionales que le podrían ayudar al Gobierno en la evaluación de los proyectos, acelerando muchísimo la autorización y el coste sería irrisorio respecto al coste que tenemos cada día por estar produciendo energía con gas en lugar de hacerlo con renovables.