La excepción ibérica es la medida defendida por la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para controlar el impacto de la disparada de precios de la energía en las facturas de la luz. 

Desde su puesta en marcha en junio, permitió ahorrar 4.000 millones de euros a los consumidores, según los cálculos del Gobierno.

El mecanismo establece en la actualidad un límite del precio del gas que se utiliza para la producción de electricidad de 40 €/MWh e ir aplicando subidas de cinco euros cada mes hasta terminar en los 70 euros. 

Desde el 1 de enero el precio límite es de 45 euros y su vigencia está prevista hasta el 31 de mayo. 

No obstante, este lunes Ribera manifestó que “les gustaría que quede lo más parecido a como está hoy, lo más bajo posible, en el entorno de los 45 o 50 por MWh, y que se pueda prolongar por lo menos hasta el final de 2024”. 

“Hemos visto que el precio del gas ha bajado de 120 euros a 70, evidentemente con estos niveles no tiene ningún sentido el mecanismo”, analiza Carlos Martín Graña, responsable de Operaciones en ENERJOIN.

No obstante, aclara que luego de ver los niveles de almacenamiento de gas en marzo y abril, habrá que comprar nuevamente para el próximo invierno. 

“En caso de que se encuentre entre un 40 y un 50 por ciento, será fácil para Europa recuperar el gas a un precio accesible y no será necesario un mecanismo de tope”, explica en entrevista con Energía Estratégica España. 

España incumple requisito de Europa

Aunque al principio, la Comisión Europea rechazó esta propuesta, posteriormente elaboró una serie de condiciones y dio respaldo a la iniciativa. 

Una de esas condiciones era precisamente la modificación de la fórmula de la tarifa regulada (PVPC) ya que está sujeta a los precios del mercado mayorista. 

Pese a que ya se ha presentado a instancia pública la propuesta, que incluye un porcentaje de ajuste de precio respecto a los valores proporcionados por el mercado de futuros, la medida no ha sido implementada aún. 

Desde el primero de enero del 2023, España estaría incumpliendo con esta obligación y los expertos advierten que la peor parte impacta en los consumidores más vulnerables. 

“Es una herramienta potente para el ahorro del Estado pero no protege a la población vulnerable que es lo que desde Bruselas habían requerido”, subraya el ejecutivo.  

El experto en mercados eléctricos comenta, en diálogo con este medio, que aunque esto pueda fomentar la generación distribuida de la energía, no es una solución urgente. 

Según explica, los altos precios de la energía incentivó a quienes tenían el dinero para hacerlo, apuesten a la autogeneración, pero una gran cantidad de personas aún no tienen la posibilidad de hacerlo. 

“Cuando todo esto termine y se comiencen a hacer números, quedará en evidencia que habrán hecho más las grandes empresas por la reducción del coste de la energía, que lo que ha hecho el Gobierno”, declara Graña.

Al respecto, describe que las eléctricas para protegerse, han optimizado su generación para crear tarifas competitivas y sacar a los clientes del mercado regular. 

“Al final, los menos perjudicados fueron aquellos que ni bien iniciada la guerra huyeron a las eléctricas convencionales a coger precios fijos”, acentúa el referente de ENERJOIN y menciona que los precios vistos en las últimas semanas es por una reducción de la demanda de energía. 

Pero que esta reducción se dió debido a que las empresas deben cerrar porque no tienen precios competitivos, con lo cual no es una celebración. 

De manera que, para Graña, nuevamente el foco de las normativas deberá estar puesto en garantizar un precio fijo que proteja a los consumidores.