Ayer, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, anunció que parte de la coalición de Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) registrará hoy en el Congreso de los Diputados la proposición de ley para la aprobación de los nuevos impuestos, temporales y extraordinarios, para empresas energéticas y entidades financieras.

El gravamen para las energéticas se gravaría sobre el 1,2% las ventas totales para las que facturen más de 1.000 millones de euros al año. Además, habría sanciones para aquellas compañías que trasladen el impuesto a los usuarios.

El impuesto entraría en vigor durante 2023 y 2024, con el objetivo de recaudar €2.000 millones anuales, correspondientes de los “beneficios extraordinarios” que estas compañías hayan generado en 2022 y 2023.

Ante esta posibilidad, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelēc) señala que este nuevo gravamen “no está justificado por la existencia de beneficios extraordinarios”.

Explica, en un comunicado al que tuvo acceso Energía Estratégica España, que las compañías pasibles de ser alcanzadas por el impuesto no están obteniendo beneficios extraordinarios dado “el conjunto de medidas aprobadas hasta la fecha”.

“La situación actual ha supuesto un incremento muy importante de los costes que ha reducido los márgenes y beneficios. Un gravamen que se basa exclusivamente en los ingresos y no tiene en cuenta los costes, afecta a unos ingresos que no se traducen en mayores márgenes para las empresas”, justifica aelēc.

Además, agrega que el gravamen propuesto obtendría parte de su recaudación en actividades como el suministro a tarifa regulada (PVPC) o la distribución, “cuyos márgenes son fijados por el Gobierno y no se han visto afectados por la situación del mercado”.

“A falta de conocer el detalle de la proposición de Ley que se presentará, las empresas eléctricas quieren señalar que tienen vendida su electricidad a plazo a unos precios sustancialmente inferiores a los que fija el pool eléctrico; están sujetas al mecanismo de la excepción ibérica; y también se les aplican las distintas medidas adoptadas por el Gobierno que minoran sus ingresos de ventas por encima de un determinado precio”, suma la entidad.

Indica que, por todo ello, las empresas eléctricas “no están registrando beneficios extraordinarios y, de hecho, sus beneficios en España están siendo inferiores a los que registraron el año pasado, cuando el precio del gas se encontraba en niveles normales”.

Y advierte que la incorporación de un nuevo gravamen “introduciría una incertidumbre adicional en las empresas, lastrando los ambiciosos planes de inversión de las asociadas de aelēc para acelerar la descarbonización de nuestra economía y reducir la dependencia energética de los combustibles fósiles del exterior”.

“La imposición de este tipo de gravámenes es claramente contraria al objetivo de incorporar masivamente energías renovables al sistema eléctrico y facilitar la transición energética”, sostiene la entidad de empresas eléctricas.

Asimismo, opina que este nuevo impuesto tendría, en la práctica, “un importante coste en términos de actividad económica y empleo, ya que impactaría en otros sectores productivos, tal y como recoge en su última publicación el Instituto de Estudios Económicos”.

“La introducción de un gravamen es ineficaz para contener el alza de los precios y, además, contrae la actividad económica, compromete el reto de acelerar la descarbonización, y no favorece el proceso de electrificación que hace falta en estos momentos. Además, estas medidas generan inseguridad en los inversores y se alejan de las buenas prácticas regulatorias por su elevada complejidad técnica y su carácter sobrevenido”, concluye aelēc.