El Gobierno de Asturias quiere establecer restricciones de distancias mínimas para la implantación de parques de baterías de un kilómetro respecto a núcleos de población y 500 metros de instalaciones ganaderas o masas forestales autóctonas, lo que podría frenar el despliegue del almacenamiento tan necesario para la transición energética. 

Ante la información aparecida en la página web del Principado, en la que la  Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos anuncia el inicio de los trámites para la suspensión de autorizaciones urbanísticas, desde AEPIBAL compartieron un comunicado para llamar a la reflexión y buscar fórmulas de encuentro entre las partes. 

Son 70 proyectos que representan unos 1.800 MW a instalarse los que estarían afectados por estas medidas, según explica el Presidente de la entidad, Luis Marquina. 

En diálogo con Energía Estratégica España, el referente comenta que esta es una decisión tomada en un contexto de numerosas manifestaciones sociales que representan una presión para las autoridades pero los criterios “no están fundamentados técnicamente”. 

Asimismo, señala que si no se actúa rápidamente, esto puede expandirse en otras regiones afectando gravemente el despliegue de baterías que es crítico e indispensable para la transición energética. 

Punto por punto lo que manifiesta AEPIBAL:

Moratoria encubierta 

Todos el cuerpo normativo existente en la actualidad, tanto de ámbito nacional como autonómico, con especial mención al Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, ofrece herramientas perfectamente válidas para regular y evaluar los diferentes proyectos en marcha en Asturias.

Por esta razón, un primer decreto de urgencia que abogue por una suspensión de la tramitación de los proyectos en curso es, en el fondo, una moratoria encubierta -sine die- a la espera de un decreto final que llevará tiempo y mucho estudio llevarlo a cabo. 

Sin argumentos científicos y racionales

La decisión se ha tomado precipitadamente sin que la Consejería de Ordenación  de Territorio profundice en los argumentos científicos y racionales que AEPIBAL siempre ha aportado y que, estamos convencidos, habrían ayudado a racionalizar algunas posiciones, así como a informar y formar a las diferentes partes afectadas,  especialmente a los ciudadanos. 

Zonificación conveniente 

La propuesta de limitación de las instalaciones de almacenamiento a suelos  industriales o industriales degradados reducirá mucho el potencial de desarrollo  de proyectos al tratarse de suelos más onerosos, que además obligará al desarrollo  de más redes eléctricas de conexión desde esos suelos a las subestaciones de  enganche. 

Por ello, AEPIBAL siempre ha defendido que las mejores ubicaciones  son las más próximas a las subestaciones o líneas ya existentes,  independientemente de si el suelo es industrial, degradado o no urbanizable. 

Las distancias de referencia mínimas recomendadas es 50 veces superior a las distancias mínimas requeridas en países como Reino Unido o EEUU, no superando estas los 25m, muestra clara de que estamos tratando de tecnologías maduras, seguras y no de Centrales  Nucleares, como podría parecer. 

Garantías de impacto

Si bien los proyectos promedio en Asturias difícilmente superan una ocupación  mayor a 2.000 m2, todos los proyectos en suelos NO urbanizables incorporan ya sus Estudio de Implantación.

Este incluye las medidas de mitigación de incendios, de impacto visual (con una altura no superior a 3m y perfectamente mimetizables con su entorno el impacto visual podría ser nulo), de impacto en la avifauna (inexistente), de impacto sonoro (muy bajo) y, por último, de emisiones electromagnéticas (inexistente para hombres y animales, ya que las  baterías son sistemas en corriente continua en los que no existen dichas  emisiones). 

Llamado a la reflexión

Por último, se postula que es entendible que los organismos públicos deben ofrecer respuestas a  las preocupaciones ciudadanas, aunque estas tengan bases no científicas y desproporcionadas.

Pero a su vez, es también su deber dimensionar los problemas en su justa medida y buscar soluciones desde el diálogo con todas las partes. 

En este sentido, se propone, asumiendo la voluntad manifestada por la Consejería de Ordenación del Territorio de recoger en un futuro  decreto directrices sectoriales para que la transición energética se haga de una  forma ordenada, pautada y pactada, se invite al sector que representamos a  expresar sus posiciones y buscar fórmulas de encuentro – que las hay – que  permitan un desarrollo sostenible, equilibrado y racional del almacenamiento en  Asturias.