El conflicto en Asturias sobre la regulación del almacenamiento de energía con baterías pone de manifiesto las tensiones entre la necesidad de avanzar hacia un modelo energético más sostenible y los temores y resistencias que este cambio puede suscitar a nivel local. 

Semanas atrás el Principado ha iniciado el proceso para promulgar una normativa que establece restricciones de distancias mínimas para la implantación de parques de baterías de un kilómetro respecto a núcleos de población y 500 metros de instalaciones ganaderas o masas forestales autóctonas. 

Desde diferentes aristas del sector de las renovables se han manifestado en contra de esta iniciativa ya que “carece de sustentos técnicos y se basa en supuestos erróneos” y la decisión afecta a 1,8 GW de proyectos de almacenamiento en la región.

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Javier Fernández Font, Vicepresidente de UNEF, aclara que, hasta el momento, la propuesta no es una decisión firme: “Todavía hablamos de una propuesta que una de las consejerías, concretamente la de Ordenación del Territorio, quiere aprobar”. 

En diálogo con Energía Estratégica España, el directivo denuncia una campaña de desinformación que ciertos colectivos han lanzado, afirmando que “se están utilizando malintencionadamente datos de informes que hablan de incendios en baterías de patinetes eléctricos o móviles”. 

Asimismo, desmiente otros argumentos, como la supuesta contaminación electromagnética (inexistente por funcionar con corriente continua) y la preocupación por el impacto visual de las instalaciones, asegurando que su tamaño es lo suficientemente reducido como para ser fácilmente disimulados en el paisaje.

En este sentido, explica que se está trabajando desde UNEF con el Gobierno del Principado de Asturias, dando a conocer esta tecnología en la comunidad, por un lado, y en hacer toda la presión posible al Gobierno del Principado de Asturias por otra, para que no lleve adelante esta medida.

Sin embargo, hasta ahora, la respuesta ha sido ambivalente: “A nivel técnico, son receptivos a nuestras propuestas pero a la hora de la decisión política, de momento no se ha hecho caso de nada de lo que hemos dicho”, sostiene Fernández-Font. 

De esta manera describe que “es complicado” debido a la estructura de coalición que lo compone, ya que, según el vicepresidente de UNEF, mientras un partido “insiste en aprobar la medida antes de fin de año, el otro está abierto a llegar a un acuerdo”. 

La postura de la Unión Española Fotovoltaica se basa en demorar el proceso para presentar la evidencia técnica y compartir la experiencia del sector, frente a lo que perciben como argumentos arbitrarios.

“Estas instalaciones no sólo traerían riqueza a la región por las inversiones que van a movilizar, impuestos locales que van a pagar, sino, en una segunda derivada, pueden atraer a industria que necesite un consumo estable de energía, como pueden ser los centros de datos” concluye el directivo.