El sector renovable español está a la espera de saber quién dirigirá el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) tras la designación de Teresa Ribera como Vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea.

Si bien la noticia generó un clima de optimismo entre los principales actores del sector energético, surgen dudas e incertidumbre sobre temas que quedaron pendientes en la agenda española.

En ese marco, Inés Monroy, fundadora de LicenciaSocial.energy, señala que a pesar de que el pasado 25 de julio se cumplió el plazo para la obtención de la AAC, hay promotores que aún no han recibido un comunicado acerca del dictámen favorable o desfavorable y que la marcha de Ribera del MITECO genera mayor incertidumbre sobre el tema.

“A día de hoy la capacidad de 28 GW, que está en boca de todos para referirse a los proyectos que continúan su desarrollo, no es cierta porque todavía no hay una cifra definitiva de los que están aptos para continuar. Así me consta por clientes que están pendientes de esta autorización para decidirse a contratar servicios, y, por el momento, han decidido congelar las inversiones en los mismos hasta que no se formalice este comunicado”, manifiesta Monroy en diálogo con Energía Estratégica España.

Además, la especialista enfatiza que el nombramiento de Ribera en la Comisión Europea y que aún no haya designado un ministro o ministra genera más incertidumbre. “Si bien en el anterior hito con las Declaraciones de Impacto Ambiental la ministra se aseguró de que todos los proyectos tuvieran un dictamen en la fecha prevista, en esta ocasión no ha ocurrido lo mismo”, señala Monroy.

Por otro lado, la referente de LicenciaSocial.energy, asegura que estos retrasos en la tramitación de los proyectos también generan incertidumbre en la población, ya que los locales padecen demoras en la ejecución de los acuerdos y una dilatación en las conversaciones con los promotores, que finalmente hacen que la relación sufra y crezca la desconfianza, viéndose afectada la buena marcha del emprendimiento.

Y manifiesta: “Se producen interferencias en la relación con las personas que viven en las zonas rurales y con el resto de grupos de interés como, por ejemplo, las asociaciones ecologistas que muestran preocupación acerca de las características concretas que tendrá cada proyecto. Todo esto no hace más que disminuir la credibilidad de la urgencia que es necesaria para paliar la crisis climática”.

 ¿Se podrán cumplir los objetivos del PNIEC con el rechazo social que hay sobre proyectos renovables?

Cabe recordar que el Plan Nacional Integrado y Clima (PNIEC) prevé 160 GW renovables y 22 GW de almacenamiento al 2030. El plan definitivo aún no fue presentado a la UE, desde la Comisión Europea exigen que España, junto a otros Estados Miembros, envíe el plan actualizado. 

Si bien algunas tecnologías como la eólica y la fotovoltaica están relativamente bien posicionadas en cuanto a su viabilidad técnica y financiera y podrían estar más cerca de llegar a los objetivos planteados al 2030, el rechazo social representa una traba significativa para el avance de los proyectos.

“Dicho en las propias palabras de la exministra Ribera, la transición energética no presenta grandes retos intelectuales, de solvencia técnica, pero sí está necesitada de inteligencia emocional para poder llevar a cabo la integración de los proyectos en el territorio. En el ámbito local, el trato personal y la comunicación son muy importantes y se debe informar en todo momento acerca del progreso del proyecto”, expresa Monroy.

“Pero si éste está continuamente sufriendo deficiencias y retrasos en los permisos, indudablemente su viabilidad se pone en entredicho y, con ello, el promotor, que parece venir siempre con malas noticias acerca del avance del proyecto y pudiera parecer que éste no es lo suficientemente bueno”, agrega.

Y explica que una de las trabas para los proyectos renovables, incluso para aquellos que han superado la evaluación ambiental, es la presión que se produce a nivel local para que se emitan permisos en los diferentes Ayuntamientos, debido a la desconfianza hacia este tipo de instalaciones.

“Me pregunto qué tipo de mecanismos están pensando implementar para deshacer bulos acerca de las tecnologías renovables, ya que no es tan fácil que esto se pueda lograr por aquellos que son parte, como es el caso de los promotores, lo deben hacer agentes neutrales y los organismos públicos cumplen bien ese papel”, indica.

“No es bueno que haya zonas de España que no colaboren en el cumplimiento del PNIEC pues en él no sólo están contemplados los objetivos de descarbonización del país, sino también compromisos adquiridos con Europa e internacionalmente para luchar contra el cambio climático”, asegura.

La fundadora de LicenciaSocial.energy manifiesta que al haber decisiones que han de tomarse a nivel local, llega un momento que se pierde de vista cuál es la prioridad “¿Qué prevalece, el PNIEC y los objetivos colectivos o el parecer de un ayuntamiento?”, apunta.

Y señala; “Lo cierto es que la actualización del PNIEC presenta carencias en lo que se refiere a la planificación territorial y no señala directrices claras sobre cómo ordenar territorialmente la instalación de infraestructuras energéticas. Esto alimenta los argumentos contra los proyectos y justifica que se impongan moratorias hasta no contar con dichas planificaciones”.

Sin embargo, destaca: “Para compensar todo esto, la buena noticia es que Cataluña, que siempre ha sido muy reacia y ha puesto condiciones más exigentes para los proyectos renovables, ha anunciado que está elaborando medidas para potenciar su instalación pues es consciente de que caso contrario se producirá una desventaja competitiva para la economía de la región. Una de las medidas clave es justamente la tramitación del Plan Territorial Sectorial para la implantación de energías renovables y otra, la simplificación administrativa para reducir la carga burocrática de los proyectos”.