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julio 23, 2024

Advierten que la normativa debe ir acompañada de transparencia, capacitación y nuevas tecnologías de monitreo

José Luis Bernal, experto, divulgador en renovables y Director General Instituto Tecnológico de la Energía y Recursos Hídricos (ITERH), analiza la nueva normativa que promete agilizar trámites administrativos subrayando que su implementación debe ir acompañada de “un planteamiento cuidadoso y equilibrado que garantice la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades municipales”.
By Emilia Lardizabal

By Emilia Lardizabal

julio 23, 2024
Bernal

A mediados de julio se aprobó el nuevo Decreto Ley 7/2024 de la Comunidad Valenciana para la simplificación administrativa y  la agilización de de expedientes para instalaciones renovables, una medida muy esperada por el sector renovable.

José Luis Bernal, experto, divulgador y Director General Instituto Tecnológico de la Energía y Recursos Hídricos (ITERH), analiza la nueva normativa y destaca que la reforma legislativa «marca una promesa de cambio hacia un entorno más propicio para el desarrollo de tecnologías de energías renovables». Además, enfatiza que la misma debe ir acompañada de un planteamiento cuidadoso que garantice la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades municipales.

“Con la introducción del Decreto Ley 7/2024, se busca no solo corregir las deficiencias del pasado, sino también acelerar el desarrollo de proyectos de energías renovables un mal enquistado en la Comunidad Valenciana. Este nuevo marco legal incluye medidas para ampliar las superficies disponibles para la instalación de plantas de energía renovable y reduce significativamente los plazos administrativos, facilitando así la tramitación de expedientes”, apunta Bernal.

Y señala que la simplificación de los procesos administrativos es necesaria para atraer inversiones, reducir los costes y tiempos de implementación de proyectos y generar empleo y crecimiento económico en la Comunidad Valenciana.

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Sin embargo, manifiesta: “A pesar del optimismo y las buenas intenciones detrás de estas reformas que se llevan escuchando ya un año, persisten dudas importantes sobre su implementación efectiva. Los desafíos históricos de burocracia y eficacia administrativa en las provincias de Castellón, Valencia y Alicante no se superan fácilmente. La resistencia al cambio, la inercia institucional y los posibles intereses contrapuestos pueden obstaculizar la traducción de estas políticas en resultados tangible” y enfatiza en que el éxito de las iniciativas dependerá de la capacidad del gobierno para ejecutarlas en el terreno. 

Para la correcta implementación de las reformas, el experto enfatiza en la necesidad de acompañarlas con compromiso y transparencia por parte de la gestión pública, capacitación de funcionarios, adopción de nuevas tecnologías para gestionar expedientes y creación de mecanismos de supervisión.

“Para convertirlo en realidad, es necesario que el gobierno presente un plan claro, asignando recursos adecuados y estableciendo mecanismos de supervisión y rendición de cuentas que aseguren una implementación efectiva y justa de las políticas energéticas”, manifiesta Bernal.

Impacto ambiental y desafíos sociales

Uno de los principales obstáculos para el sector de renovables de la Comunidad Valenciana es  el impacto potencial sobre el medio ambiente y las comunidades municipales.

En ese marco, Bernal manifiesta: “Si bien la transición hacia fuentes de energía renovables es necesaria para combatir el cambio climático, es igualmente necesario asegurar que este cambio no comprometa la integridad ambiental ni el bienestar de los municipios afectados. Sin un enfoque meticuloso y equilibrado, la Comunidad Valenciana podría enfrentar problemas de sostenibilidad a largo plazo. Entre estos problemas se incluye la degradación del paisaje natural, la pérdida de biodiversidad y el daño a los ecosistemas locales”.

La evaluación de impacto ambiental de los proyectos es una herramienta que permite analizar los potenciales efectos que puede tener una instalación en el terreno y en las comunidades aledañas. El divulgador señala que la búsqueda por agilizar el desarrollo de estos proyectos podría llevar a una “relajación en los estándares de evaluación ambiental” y a aprobaciones rápidas que no consideren adecuadamente los efectos adversos sobre el entorno natural.

Para mitigar estos riesgos Bernal manifiesta que se deberían implementar medidas de mitigación para minimizar impactos negativos sobre el medio ambiente como reforestación, creación de corredores ecológicos y la protección de hábitats críticos. Además, apunta a que se podrían establecer sistemas de monitoreo y supervisión continuos para evaluar el impacto ambiental a lo largo del tiempo y ajustar las estrategias según sea necesario.

En cuanto a lo social, indica que las comunidades municipales deberían ser consultadas e involucradas en el proceso de planificación y ejecución de los proyectos a través de consultas públicas y que las mismas deben beneficiarse directamente de los proyectos mediante la creación de empleo local, inversiones en infraestructura comunitaria y programas de desarrollo sostenible. 

“Siempre hago hincapié en este punto ya que es el talón de Aquiles del sector energético, se debe implementar programas de formación y sensibilización para informar a las comunidades sobre los beneficios de las energías renovables y las medidas que se están tomando para proteger el medio ambiente y su bienestar”, detalla.

Desglose del Decreto Ley 7/2024

Bernal realiza un desglose de los principales puntos del Decreto Ley 7/2024, el cual  incluye cambios legislativos para la simplificación administrativa y mejoras en la calidad regulatoria de diferentes sectores para la reactivación económica de la Comunidad Autónoma.

Sobre el “Título I: Regulación general de la simplificación administrativa” que incluye las disposiciones generales analiza: “Estos artículos establecen el objetivo de simplificar la tramitación administrativa para promover la eficiencia y la transparencia, definiendo el ámbito de aplicación del decreto y los principios que guiarán la simplificación administrativa”.

Y propone especificar con mayor detalle los términos y definiciones claves para asegurar una correcta interpretación.  “Recomiendo la elaboración de un glosario técnico adjunto que detalle cada término relevante y proporcione ejemplos concretos para su aplicación”, detalla.

El segundo capítulo “Planificación y organización para la simplificación administrativa” propone un plan estructurado para simplificar los procedimientos y crear una oficina dedicada a esta tarea. En ese marco, Bernal señala que las ventajas de estos artículos son: el enfoque coordinado y estructurado para la simplificación, y la creación de órganos específicos para supervisar la implementación, promoviendo la rendición de cuentas.

Sin embargo apunta: “Podría resultar en una burocracia añadida si no se gestiona adecuadamente, complicando aún más los procedimientos administrativos aún más cuando se busca una simplificación administrativa”.

Por lo que propone mejoras como establecer métricas claras como un sistema de indicadores de rendimiento clave (KPI) para evaluar la eficacia de la simplificación y realizar ajustes en tiempo real, además de asegurar la transparencia mediante la publicación regular de informes de progreso y la implementación de un portal en línea donde los ciudadanos puedan seguir el avance de las iniciativas.

Por otro lado, analiza el título II “Medidas de impulso a la actividad económica. Sección 1ª. Impulso de proyectos empresariales” los Artículos 12 a 14: “Proyectos de interés autonómico, gestión coordinada de procedimientos e instrumentos de colaboración”.

Estos artículos facilitan la tramitación de proyectos considerados de interés autonómico, promueven la coordinación en la gestión de procedimientos y fomentan la colaboración entre diferentes entidades para impulsar proyectos.

El especialista asegura: “Las ventajas son que facilita la implementación rápida de proyectos estratégicos, promoviendo el desarrollo económico y la creación de empleo y promueve la colaboración interinstitucional, optimizando recursos y esfuerzos”. Sin embargo señala que podría favorecer a grandes empresas en detrimento de las pequeñas y medianas, por lo que propone incluir medidas específicas para apoyar a las PYMEs, asegurando una distribución equitativa de oportunidades, como la creación de fondos específicos y programas de mentoría.

“Asegurar que los proyectos de interés autonómico se seleccionen mediante criterios transparentes y equitativos, promoviendo la justicia y la inclusión. La implementación de un comité de selección independiente, compuesto por expertos del sector, académicos y representantes de la comunidad, puede garantizar imparcialidad y transparencia”, agrega.

1 Comentario

  1. Juan José

    ¡Felicidades por haber publicado tu artículo! Has escrito un excelente artículo que debería levantar muchas miradas. Te admiro.

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