El sector de las baterías está atravesando un momento de cambios significativos que determinarán el futuro de las renovables en el país. 

Durante los últimos años, ha experimentado una serie de ajustes y transiciones, influenciados por factores como la evolución de la demanda global, las políticas de apoyo a la transición energética, y el desarrollo de nuevas tecnologías de almacenamiento.

El año 2024 ha sido considerado por muchos como el «año del almacenamiento» debido a las expectativas de crecimiento y expansión de este segmento. 

Sin embargo, las proyecciones iniciales sobre los precios de las baterías de fosfato de hierro y litio (LFP), una de las tecnologías más comunes, no se han cumplido del todo. Según Andrés Pinilla Antón, Director de Ventas de BESS en Iberia de Mars Renewable, «la realidad ha sido bien distinta». 

A pesar de que se esperaba una estabilización del precio de las baterías, se dió una bajada del 25% en los precios en lo que va de año, generando una perspectiva de aceleración en la penetración de estas tecnologías que se ve reflejado en los más de 10 GW de permisos otorgados por Red Eléctrica, de los cuales 88% son stand alone y 12% para hibridación con instalaciones existentes.

En diálogo con Energía Estratégica España, el ejecutivo explica que el descenso de los precios de las baterías LFP no solo ha sido más pronunciado de lo previsto, sino que también ha generado un reajuste en la planificación de muchos desarrolladores y operadores del sector. 

Esta caída se atribuye en parte a una desaceleración inesperada en la demanda de vehículos eléctricos en China, que ha reducido la presión sobre la producción de celdas y cátodos, lo cual ha resultado en una sobreproducción en las fábricas chinas y, por ende, en una disminución de los precios.

En términos de precios específicos para el mercado español, las baterías para proyectos de almacenamiento de más de 50 o 100 MWh, sin convertidor, se sitúan actualmente entre los 115 y 150 €/kWh. 

La variabilidad de estos precios depende de factores como la calidad del fabricante de celdas, la garantía ofrecida y los términos de entrega pactados. 

La integración completa de sistemas de almacenamiento, que incluye batería, convertidor y media tensión, debería costar en torno a los 200 €/kWh. 

“Este es el «número mágico» que todos los desarrolladores y EPCistas están buscando alcanzar para los proyectos que se entregarán en 2025”, afirma el directivo.

A la espera de regulaciones

El mercado de almacenamiento en España también está condicionado por el marco regulatorio y las políticas de apoyo a la inversión en esta tecnología. 

La resolución del PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) de almacenamiento autónomo del Ministerio de Industria, es uno de los elementos clave que definirán el ritmo de crecimiento de este sector. 

“Estamos a las puertas de recibir la resolución provisional del PERTE de stand alone”, menciona Pinilla Antón, lo que significaría la distribución de 150 millones de euros que se espera impulsen los proyectos de almacenamiento en solitario, especialmente en la modalidad utility-scale, en septiembre. 

Sin embargo, no todas las noticias regulatorias han sido positivas. Recientemente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha establecido perfiles provisionales de carga y descarga para las baterías, diseñados principalmente para optimizar el arbitraje de energía, es decir, la compra de energía cuando es barata y su venta cuando es más cara. 

Esta medida, aunque útil para el arbitraje, limita la capacidad de las baterías para participar en mercados adicionales como el de balance, reservas secundarias o terciarias, lo que “afecta la flexibilidad operativa y la rentabilidad de estos sistemas”, tal como sostiene Pinilla Antón.

En contraste con las limitaciones impuestas por la CNMC, el reciente marco normativo para los agregadores independientes que se encuentra en consulta pública, abre nuevas oportunidades para el almacenamiento en el segmento comercial e industrial (C&I). 

Esta normativa permitirá que empresas y operadores de menor tamaño puedan optimizar y gestionar múltiples sistemas de almacenamiento en distintos puntos de la red, participando activamente en mercados de balance, secundarios y terciarios. 

“Esto es algo que llevábamos mucho tiempo esperando”, comenta Pinilla Antón, destacando el impacto positivo que esta medida podría tener en la expansión del mercado behind-the-meter (detrás del contador).

Desafíos futuros: bancabilidad y certidumbre en ingresos

A pesar de los avances y las oportunidades emergentes, el mercado de almacenamiento en España aún enfrenta desafíos significativos, especialmente en lo que respecta a la bancabilidad de los proyectos utility-scale. 

Actualmente, la falta de certidumbre en los ingresos debido a cambios regulatorios impredecibles hace que sea difícil financiar estos proyectos. 

“No son bancables a día de hoy los proyectos utility scale de sistemas de almacenamiento”, afirma el experto, señalando que es crucial que el sector cuente con un mercado de capacidad que garantice ingresos estables y predecibles.

El mercado de capacidad permitiría a los operadores recibir compensaciones simplemente por estar disponibles para ayudar a estabilizar la red, sin depender completamente de los ingresos del mercado de energía o de los mercados de balance.

Este tipo de mercados ya ha demostrado ser eficaz en otros países como Estados Unidos y Alemania, y su implementación en España podría ser un punto de inflexión para la expansión del almacenamiento a gran escala.

El pasado mes de octubre, el Ministerio para la Transición Ecológica lanzó una propuesta de resolución con la que dar forma a este mercado de capacidad y poner las bases de este nuevo mecanismo, lo ha enviado a Bruselas en noviembre. 

Pese a que se ha prometido su puesta en marcha a mediados del 2024, aún no ha habido novedades al respecto.