Antes de que termine este 2022, la Comunidad Autónoma de Canarias publicó las bases reguladoras de las subvenciones correspondientes a los tres primeros programas de ayudas de su Estrategia de Energía Sostenible. 

El primero -VER- corresponde a las líneas de fomento para la autosuficiencia energética de las administraciones públicas. 

Está dotado de 87 millones de euros para desplegar las instalaciones renovables en los edificios de estas entidades asociadas a infraestructuras públicas. 

Las actuaciones objeto de subvención podrán haberse iniciado desde el 16 de junio de 2022 y antes del 31 de diciembre de 2023 y deberán estar operativas como máximo el  día 30 de abril de 2024. 

Los interesados en aplicar para este programa de ayudas, podrán hacerlo a partir del 11 de enero de 2023. 

El segundo programa -VER- está destinado al fomento del autoconsumo compartido y al desarrollo de comunidades energéticas. 

Este cuenta con una dotación presupuestaria de 82 millones de euros divididos en los dos años que durará esta convocatoria. 

Las condiciones de participación son basadas en régimen de concurrencia no competitiva y mediante tramitación anticipada. 

Al igual que el programa anterior, el plazo de aplicación iniciará el 11 de enero de 2023. La fecha de cierre será el 11 de abril del mismo año, aunque podrá ser ampliado en caso de aumentar la partida presupuestaria o si aún no se ha cubierto la dotación inicial. 

Por último, el tercero -VER- corresponde a la convocatoria de subvenciones para el fomento de la descarbonización del sector industrial. 

Para este programa se han dispuesto 74 millones de euros, divididos en dos líneas de ayudas: Proyectos integrados de renovables y eficiencia y Desarrollo de Comunidades energéticas en polígonos. 

Los plazos son iguales a los del programa destinado al autoconsumo compartido y desarrollo de comunidades energéticas. 

¿Quiénes podrán beneficiarse de esta línea de ayudas? Las gestoras de polígonos industriales, de naturaleza pública o privada; empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de actuaciones en el ámbito de la energía, empresas de servicios energéticos. 

También podrán hacerlo las personas físicas que realicen alguna actividad económica y  entidades locales canarias y el sector público institucional de cualquier Administración Pública canaria que trabajen bajo la modalidad público-privada.