El Congreso de los Diputados aprobó una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Partido Popular (PP) que busca instar al Gobierno a alargar la vida útil de las centrales nucleares, cuyo cierre está programado entre 2027 y 2035.

La votación arrojó 171 votos a favor (PP, Vox y UPN), 164 en contra (PSOE, Sumar, PNV y Grupo Mixto) y 14 abstenciones (Junts per Catalunya y Esquerra Republicana). A pesar del respaldo parlamentario, la PNL no obliga al Gobierno a modificar el calendario de cierre, aunque envía un mensaje político sobre la viabilidad de esta tecnología en España.

Desde el PP, el diputado Guillermo Mariscal argumentó que el Ejecutivo ha diseñado un marco fiscal y regulatorio que «estrangula» a las empresas para hacer inviable su continuidad. “Si no es competitiva, es porque el propio Gobierno se ha encargado de que no lo sea”, sostuvo Mariscal, asegurando que se trata de una fuente «segura y abundante».

El Grupo Socialista y sus aliados, en cambio, defendieron el cierre progresivo, afirmando que la nuclear no es barata ni limpia, ya que genera residuos de difícil gestión y sus costes de mantenimiento son elevados. La diputada Isabel Pérez Ortiz (PSOE) acusó al PP de «alinearse con los intereses privados» y de obstaculizar la transición energética justa basada en renovables.

Para Ismael Morales, Responsable de Políticas Climáticas en Fundación Renovables, la continuidad de la tecnología no depende de una decisión política, sino de la postura de las empresas propietarias y del regulador. 

En diálogo con Strategic Energy Europe, señala que el cierre de las centrales no responde a una imposición gubernamental, sino a una estrategia de negocio de las propias compañías, que acordaron su clausura debido a la falta de rentabilidad y a los riesgos asociados a la operación a largo plazo.

Desde su perspectiva, ha cumplido su papel en la transición energética y no debería prolongarse más. “Ese 20% de estabilidad de generación en carga base que aporta la nuclear no va a aumentar, y mantenerla solo puede taponar la llegada y el crecimiento de otras tecnologías”, advierte.

¿Puede ser rentable sin incentivos?

Uno de los argumentos centrales de quienes apoyan la continuidad de las centrales es que podrían seguir operando a precios competitivos si se revisaran sus impuestos y costes regulatorios.

Según Javier Revuelta, Senior Principal en AFRY, el coste potencial de generación de la nuclear podría situarse en 45 €/MWh, lo que la haría rentable si se redujeran ciertos impuestos y elementos de coste discutibles. 

“Las eléctricas toman decisiones dentro de un entorno regulatorio diseñado por el regulador, y está en manos del Gobierno decidir si quiere mantener este activo por su contribución a los precios y la seguridad de suministro”, afirma.

Sin embargo, Morales critica la idea de ajustar la carga impositiva sin hacer lo mismo con las renovables. 

“Si la nuclear necesita que se le quiten impuestos para ser competitiva, significa que no es realmente competitiva”, sostiene y, resalta que las renovables siguen asumiendo altos costes fiscales y operativos sin recibir beneficios comparables a los que ahora se buscan para la energía atómica.

“El problema no es solo el coste de generación, sino que en el caso de la energía renovable, los proyectos deben incluir en su estructura financiera los costes de desmantelamiento al final de su vida útil, algo que no sucede con la nuclear en los mismos términos”, explica el referente de Fundación Renovables. 

“Si damos ventajas fiscales a la nuclear, ¿por qué no a la eólica o la solar?”, cuestiona.

El caso de Alemania: ¿es un modelo comparable?

Durante el debate sobre la viabilidad de esta tecnología, varios referentes del sector han utilizado el caso de Alemania como argumento a favor de su continuidad. 

En abril de 2023, el país cerró su último reactor, siguiendo su política de transición energética, lo que generó un aumento momentáneo en el uso de carbón para compensar la demanda.

Sin embargo, esta dependencia del carbón ha ido decreciendo, a medida que Alemania ha incrementado su capacidad de generación renovable y ha desarrollado nuevas estrategias de almacenamiento y eficiencia energética.

Morales rechaza la comparación directa con España, señalando que las diferencias en el mix energético y la infraestructura de interconexión hacen que los escenarios no sean equivalentes. 

“Alemania dependía del gas ruso, algo que España no tiene y sus interconexiones con el norte de África y un sistema energético más diversificado marcan la diferencia”, añade. 

Desde su visión, el argumento de que el cierre de las centrales conducirá a una crisis de suministro no se sostiene, ya que el verdadero desafío está en acelerar la integración de renovables y almacenamiento, algo que, a su juicio, la prórroga de la nuclear podría dificultar.

Impacto en la inversión en renovables y almacenamiento

Más allá del debate sobre la competitividad de la nuclear, su extensión podría tener consecuencias negativas en la inversión en renovables y almacenamiento, al retrasar la necesidad de desplegar nuevas tecnologías.

Según Miguel Marroquín, Managing Director de Our New Energy, mantener las centrales en operación frena la inversión en renovables y almacenamiento, argumentando que la transición debe acelerarse en lugar de prolongar la vida de tecnologías del pasado.

Asimismo, remarca que si se añade este tipo de energía a un sistema ya saturado de renovables, muchas horas del día tendrán precios extremadamente bajos, reduciendo la rentabilidad de los proyectos renovables.

Desde su visión, el mayor riesgo de extender la vida de la nuclear es que, al retrasar su cierre, también se retrasa la entrada de nueva capacidad renovable y almacenamiento. 

“En el corto plazo los precios pueden ser más bajos, pero a largo plazo se puede generar una falta de inversión que nos deje sin capacidad suficiente cuando realmente necesitemos reemplazar la nuclear”, advierte.

En síntesis, mientras que los defensores argumentan que su continuidad podría garantizar estabilidad de precios y seguridad de suministro, sus detractores advierten que podría convertirse en un obstáculo para el desarrollo de nuevas tecnologías limpias.

Para Morales, la clave está en definir reglas claras para el futuro del sector y concluye: “No podemos estar cambiando el marco regulatorio cada pocos años. Si queremos una transición energética estable y sostenible, hay que dar señales claras a los inversores”.