La intención del Gobierno español de hacer permanente el impuesto a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas ha introducido una mayor inestabilidad en el sector de las energías renovables.
Esta medida, que comenzó en 2023 y ha recaudado más de 2 millones de euros en los dos años de aplicación, fue diseñada para aliviar los costos de la energía para los consumidores y financiar políticas públicas.
Empresas como Repsol confirmaron la amenaza de trasladar sus inversiones de hidrógeno a otros países. En el caso de esta firma, su CEO anunció la apuesta en Portugal con la instalación de la planta de hidrógeno en Sines. Según expresaron desde la compañía, la decisión responde a “un entorno fiscal más predecible”.
En este sentido, varios analistas del sector de las energías renovables han entendido este tipo de actitudes como “la excusa perfecta” para demorar proyectos que necesitan de un mercado más desarrollado.
Marcos Rupérez, asesor especialista en esta tecnología, afirma que las iniciativas actuales “en términos generales, hoy en día no son rentables en ningún lado y están muy sujetos a la estabilidad jurídica de Europa”.
En diálogo con Energía Estratégica España, explica que la rentabilidad de estas depende en gran medida de factores externos como el precio del gas que, aunque hoy tiene un precio elevado, Rupérez anticipa “una reducción en los próximos cinco a diez años”.
Este escenario desafiará aún más la competitividad del hidrógeno, que hoy registra un costo de producción estimado en los mejores proyectos, en torno a los 4,5 euros por kilogramo, una cifra que limita su adopción sin subsidios o intervenciones del Estado.
En estas afirmaciones se basan las especulaciones que sostienen que la falta de rentabilidad y el riesgo regulatorio lleven a que las empresas mantengan una postura de espera en la inversión en hidrógeno.
Según Rupérez, la inseguridad jurídica “es una cuestión de los plazos en los que la Comisión Europea se va desarrollando la nueva normativa”, lo cual implica que los proyectos no avanzarán hasta que las empresas perciban un entorno favorable que garantice su viabilidad.
“Si hoy hubiera una firma clara de que habrá combustible obligatorio para la aviación con penalizaciones… habría un mercado para el hidrógeno”, enfatiza el analista.
De esta manera, concluye que “hasta que haya algo súper claro, pues retrasar los proyectos un poco, ciertas excusas les va bien”.
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