A mediados de enero, la Comisión Europea (CE) estableció un plazo de dos meses al Gobierno español  para transponer su Directiva de energías renovables, después de un retraso de casi siete meses, en los que se incluyen medidas para simplificar las tramitaciones administrativas.

En diálogo con Energía Estratégica España, el Presidente de la Asociación Canaria de Energías Renovables (ACER), Enrique Rodriguez de Azero, destaca: “Estoy convencido de que estas medidas se pueden aplicar dentro de España”.

Sin embargo, el ejecutivo señala que para que esto salga adelante, hace falta reforzar a las administraciones con un mayor personal y que estos tengan un mayor conocimiento del sector.

“Tramitar de esta manera nos lleva a una situación nada deseable, como estas fechas límites del 25 de enero, se pierden proyectos y no se aborda la situación con la mejor de las decisiones”, advierte el directivo.

Asimismo, Rodríguez de Azero recuerda que marzo está establecida una nueva fecha límite y la administración deberá elaborar las declaración de impacto ambiental de más proyectos

“Esto es algo que no para, y seguimos demandando la agilidad y el mejor de los servicios posibles a las instituciones públicas, es la mejor manera de pensar a futuro en la creación de riqueza y de empleo”, complementa el ejecutivo.

Además, señala que desde el Gobierno nacional han mostrado indicios de querer tramitar la mayor cantidad de proyectos posibles, principalmente reduciendo los plazos de las tramitaciones ambientales.

“Seguro que, trabajando todos de forma uniforme y con el mismo objetivo, somos capaces de reducir esos plazos y ayudar a que las renovables se conviertan en una realidad”, subraya el directivo.

En Canarias

Por otra parte, Rodríguez de Azero hace mención a la situación actual de las tramitaciones renovables en la Comunidad canaria, destacando: “Los proyectos suelen tardar unos dos años, se está demorando muchísimo. El Documento de Impacto Ambiental y los medios con los que se cuentan están retrasando muchísimo el proceso”.

En este sentido, subraya los problemas de personal administrativo que tiene la consejería local, y que además se intentó tercerizar estos procesos con una empresa externa, pero que aún se mantienen los mismos cuellos de botella.

“Hay cosas que mejorar y que pulir en la misma tramitación, ocurren cosas muy poco inteligentes. En el sentido de que al año tramitando, de repente, se pide un estudio de ave y fauna de un año, que es algo que se podría exigir con antelación”, concluye el directivo.