El Parlamento Europeo aprobó la revisión de la Directiva de Energías Renovables III (RED por sus siglas en inglés). En este documento se establece que los gobiernos de cada estado miembro tendrán un plazo máximo de 12 meses para resolver los expedientes de las instalaciones que se encuentren en “zonas de acceso de energías renovables”, y 24 meses para las que no.

En diálogo con Energía Estratégica España, el Presidente del Clúster de Energía de Extremadura, Vicente Sánchez, comenta que para Extremadura no será una dificultad acomodarse a esta nueva normativa, ya que es una de las Comunidades de España donde con mayor velocidad se realiza la tramitación ambiental.

“En cuanto a los tiempos de los procesos para proyectos renovables, Extremadura se encuentra bastante cerca de los plazos que se proponen desde Europa”, remarca el ejecutivo.

Una de los cambios más destacados en la permisología de la región fue simplificación de la tramitación ambiental, sin restarle rigurosidad, con lo que actualmente las grandes plantas renovables tienen plazos de poco más de dos años.

Sin embargo, el directivo advierte que el sector renovable en Extremadura se enfrenta a una serie de problemas dentro de la permisología, siendo el más grave la disparidad con la que se realizan los trámites.

“Los plazos son los que son, relativamente son largos, porque así es el proceso. Lo importante es normalizarlos, ya no es cuestión de que duren tres meses o un año y medio, el problema es saber cuánto van a durar”, explica el Sánchez.

Siguiendo con esta idea, advierte que esta situación de poca estandarización en los plazos genera: «Una incertidumbre e interrogantes dentro de todo el sector renovable”.

Así también, señala que uno de los factores que ocasionan este problema es la cantidad de instituciones, algunas por fuera de la Junta de Extremadura, que deben emitir su valoración en estos casos.

“Depende de muchos actores como los ayuntamientos, las confederaciones hidrográficas, etc., y también los procesos dentro de la propia junta de Extremadura y las distribuidoras. Al final, cada uno tiene su ritmo y su forma de trabajar, y se hace todo complejo”, comenta el ejecutivo.

Cabe destacar que, de acuerdo a números de Red Eléctrica España, Extremadura es la segunda Comunidad Autónoma de España con más potencia fotovoltaica instalada con 5.570 MW, solo por detrás de Castilla-La Mancha con 44 MW más.

En esta línea, indica que una de las herramientas que podrían aplicarse en este sentido es la digitalización de los procesos, para tener conocimiento del estado del expediente permanentemente.

“Es una de las claves, a día de hoy tenemos que entregar los proyectos en papel en Mérida. Es básico en pleno Siglo XXI, y todavía no tenemos una administración con una tramitación 100% digital, que brindaría transparencia y agilización”, subraya el directivo.

Cabe señalar que, el pasado 17 de julio, María Guardiola se convirtió en la Presidenta de la Junta de Extremadura, con Mercedes Morán Álvarez como responsable de Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, a la cual el clúster le hizo una serie de propuestas.

Autoconsumo

Por otra parte, el Presidente del Clúster de la Energía de Extremadura indica que otra problemática que encuentran en el sector, en este caso dentro del autoconsumo, está en la relación con la distribuidoras.

“Aquí las distribuidoras son la principal barrera, alargan los tiempos a la hora de solicitar los puntos de conexión y se cambia la normativa a antojo”, advierte el ejecutivo.

Cabe recordar que, dentro de la nueva Directiva europea para las energías renovables, se establece que la tramitación de instalaciones de autogeneración de tres meses para que la administración genere una resolución.

“Eso al final, sumado a los tiempos de la administración, se empiezan los proyectos con una interrogante que es muy difícil de explicar luego al cliente”, destaca el directivo.