El 24 de noviembre los ministros de Energía de la UE acordaron el contenido de un reglamento del Consejo que establece un marco temporal para acelerar el proceso de concesión de permisos y el despliegue de proyectos de energía renovable.

A pesar de la conformidad de los diferentes sectores involucrados, la Ministra para la Transición Ecológica y el reto Demográfico se mostró en contra de la medida y la calificó como “confusa y desequilibrada”. 

Al respecto, la funcionaria española, había sugerido esperar algunas semanas para pensar mejor la medida y reafirmó que se mantendrán los hitos marcados por la normativa para tramitar los proyectos de energías renovables, con los objetivos de evitar el bloqueo de la capacidad de acceso a la red eléctrica, garantizar la seguridad jurídica de los promotores y demostrar la credibilidad de la Administración a la hora de cumplir sus compromisos.

Con lo cual, estas posiciones encontradas generan dudas entre los empresarios españoles sobre cómo se implementará esta nueva disposición. 

En diálogo con Energía Estratégica España, el Consultor y Analista Energético, Abelardo Reinoso, señala: “Lo que llama la atención es que desde el Gobierno español no se está cuestionando el atasco de trámites y que solo se esperará a que llegue el 25 de enero para tener mayor claridad de los proyectos que se podrán empezar a construir”. 

En este sentido, sostiene que uno de los motivos por los que entró en conflicto su postura frente a la propuesta de la Comisión Europea podría haber sido el fracaso de la última subasta que puso en duda la instalación esperada de las renovables en los plazos esperados. 

“A seis meses de las primeras elecciones autonómicas hubiera sido confuso dar marcha atrás con el concurso, luego de las manifestaciones de incertidumbre de los sectores renovables generada por el vencimiento de los plazos para conseguir los permisos ambientales”, desarrolla Reinoso. 

¿Las subastas perdieron su sentido?

Entre los principales factores que se destacaron como causantes de haber quedado vacante el 100% del cupo para fotovoltaica y solo otorgar 45 MW de los 1300 para la eólica fueron las incertidumbres administrativas, un precio de reserva bajo y la existencia de alternativas más atractivas para la situación actual del mercado. 

Sobre esto, el asesor de energía reafirma su postura de que este mecanismo “no está actualizado” y añade: “En la determinación del precio de reserva de las últimas dos subastas no se tuvo en cuenta los niveles inflacionarios, ni que hoy en día a los promotores les encaja mucho más acordar PPAs que son más rentables y seguros”. 

No solo el precio, sino el retraso de las administraciones no termina de conformar al sector. Es por esto que cobran relevancia los business case a corto plazo, con un margen de cobertura en financiación y materias primas, de manera que se puedan cerrar proyectos y estos cubran los próximos. 

“Creo que el fin del Gobierno es contener el precio de la energía que llega al consumidor y eso impide hacer modificaciones fundamentales como incorporar el almacenamiento en los proyectos, además de que hacen falta regulaciones que den claridad”, opina Reinoso

En consecuencia, los retrasos administrativos siguen desalentando mecanismos como las subastas que exigen condiciones a largo plazo. 

Por último, el consultor concluye: “Se pueden incorporar modificaciones pero frente al retraso administrativo y a la inflación hoy la subasta no ofrece ventajas significativas para el mercado”.