Desde ayer, y hasta este viernes 16, el sector público y privado podrá remitir comentarios sobre la disposición que ha lanzado el Gobierno sobre la estructura, metodología y valores de los cargos del sistema eléctrico para el 2023.

Es por ello que se somete a trámite de audiencia los siguientes ejes:

• Establecer los precios aplicables a los segmentos tarifarios de cargos del sistema eléctrico para el año 2023.
• Establecer los precios aplicables a los puntos de recarga de vehículos eléctricos de acceso público para el año 2023, de conformidad con la disposición adicional primera del Real Decreto 148/2021, de 9 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculos de los cargos del sistema eléctrico.
• Establecer la exención del pago de cargos del sistema eléctrico a las instalaciones de electrólisis para la producción de hidrógeno renovable.
• Establecer los precios unitarios de aplicación a la financiación de los pagos por capacidad para el año 2023.
• Establecer las anualidades del desajuste de ingresos para el año 2023.
• Establecer la retribución provisional del OMI-Polo Español, S.A. (OMIE), y los precios a cobrar a los agentes para el año 2023.
• Establecer la cuantía del extracoste de producción en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares.

Texto de la Orden [PDF] [540,17 KB]

Memoria de la Orden [PDF] [1,03 MB]

Plazo de remisión

Plazo para presentar alegaciones desde el lunes, 12 de diciembre de 2022 hasta el viernes, 16 de diciembre de 2022

Presentación de alegaciones

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: bzn-cargoselectricos@miteco.es indicando en el asunto: «Alegaciones_ Orden_Cargos_2023»

Con carácter general las respuestas y/o escritos de alegaciones se considerarán no confidenciales y de libre difusión. Las partes que se consideren confidenciales deberán ser específicamente señaladas y delimitadas en los comentarios, motivando las razones de dicha calificación que podrán desestimarse, en su caso, también de forma motivada, conforme la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.