Ayer, durante la sesión n°41 de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, el diputado por el Partido Popular (PP) Juan Diego Requena Ruiz propuso al Gobierno extender la fecha límite de unos 100 GW eólicos y solares fotovoltaicos que perderían su estado de trámite el próximo 25 de enero de no obtener antes de esa fecha su Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Si bien desde el Miteco indicaron que, por tratarse de un motivo ajeno a la voluntad de los privados se les devolverán los avales presentados (en torno de 40 mil euros por MW), los promotores perderían el acceso de conexión a las redes otorgado por Red Eléctrica España (REE) y deberían iniciar su tramitación desde cero, lo cual genera mucha inquietud.

“Queremos que la burocracia no ponga en peligro a la transición energética”, exhortó Requena Ruiz en su alegación para extender este plazo.

Propuso: “Le vamos a dar la posibilidad al Partido Socialista y a Unidas Podemos de que hagan algo definitivamente para arreglar el problema burocrático al que han sometido al desarrollo de energías renovables en España”.

Y remató: “Le damos la oportunidad al Gobierno, y si se quiere se vota por puntos, de rectificar el error: Modificar el Real Decreto Ley 23/2020 para ampliar los plazos y que se pueda desarrollar el parque renovable español sin poner en riesgo la credibilidad, la fiabilidad de España como país inversor”.

El legislador del PP además advirtió que esta pérdida de 100 GW renovables “supone poner en riesgo la transición energética en nuestro país”.

Sin embargo, la votación dentro de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico rechazó la propuesta de Requena Ruiz, con los votos en contra de la coalición gobernante. De este modo se confirma una vez más los dichos de la ministra Teresa Ribera, en un acto en la Facultad de Derecho de la Universitat de Valencia, donde aseveró que los plazos no se extenderán.

Como consecuencia de ello, Andrés Campaña Ávila, abogado especialista en energía y socio de BROSETA, explica a Energía Estratégica España que esta decisión de Gobierno podría generar acciones legales por parte de privados.

“Podría haber reclamaciones de responsabilidad patrimonial en el caso de que hubiera habido un retraso de la administración competente, de las Comunidades Autónomas o de la administración del Estado, a la hora de otorgar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA)”, observa el especialista.

Y argumenta: “El afectado podría alegar que la administración ha incumplido su obligación de resolver sobre el otorgamiento de la DIA en el plazo establecido desde la solicitud, que ese funcionamiento anormal le ha producido un perjuicio y que, por tanto, es posible una reclamación de indemnización”.

Inestabilidad

Por otra parte, un experto del sector que prefiere no revelar su identidad, opina en diálogo con este medio que “las organizaciones competentes, Comunidades Autónomas, el propio Miteco, no cuentan con recursos técnicos suficientes como para atender a todas las peticiones”

“Dan unos plazos pero llega un momento que no pueden cumplirse porque los trámites no son lo suficientemente ágil; no hay nexos ágiles para resolver dudas o condiciones que pudiera poner una administración; todo se tramita de manera electrónica pero demasiado rudimentario”, lamenta.

Y agrega: “No es una cuestión solo de plazos sino de recursos técnicos y económicos como para que las organizaciones competentes puedan atender la avalancha de proyectos que se les vienen encima”.

“No es un problema ni de recursos naturales en España, ni de aptitos en los inversores, ni de objetivos políticos en cuanto a lucha contra el cambio climático y la transición energética, a menos de los dos grandes grupos que Gobiernan en España (Partido Socialista y Partido Popular); sino de eficacia a la hora de diseñar políticas que acierten la manera de conseguir ese impulso a las renovables”, remata el especialista.