La Comisión de Hacienda del Congreso ha aprobado el proyecto de ley que incluye un nuevo impuesto mínimo global del 15% a las empresas multinacionales, pero sin incluir la permanencia de los gravámenes a banca y energéticas.

No obstante, este nuevo gravamen, acordado en el marco de las negociaciones entre el PSOE y ERC, incluye una cláusula que permite a las empresas eximirse de su aplicación si demuestran inversiones significativas en proyectos orientados a reducir sus emisiones de carbono. La medida forma parte de una reforma fiscal más amplia que también incluye gravámenes dirigidos a la banca y las multinacionales.

Detalles del impuesto y su enfoque en la sostenibilidad

El diseño del impuesto busca equilibrar la recaudación fiscal con la incentivación de la inversión verde. Según las declaraciones del PSOE, la finalidad es promover la transformación del sector energético hacia un modelo más limpio y alineado con los compromisos de descarbonización asumidos por España en el marco de la lucha contra el cambio climático. Este enfoque pretende evitar que el gravamen actúe únicamente como una carga financiera, ofreciendo a las empresas una vía para reinvertir en su sostenibilidad.

El impuesto será votado próximamente en el Congreso, aunque algunos partidos, como Junts, han indicado que no se espera que se apruebe esta misma semana. A pesar de ello, el acuerdo entre PSOE y ERC garantiza un respaldo significativo para la medida.

La posición del Partido Popular (PP)

El PP ha mostrado su rechazo frontal a esta reforma fiscal, calificándola como una evidencia de la «debilidad absoluta» del Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez. Desde las filas populares, se argumenta que esta medida es el resultado de las concesiones políticas realizadas por el PSOE para asegurar su continuidad en el poder.

En palabras de los portavoces del PP, el gravamen no responde a una estrategia económica coherente, sino a «presiones ideológicas» y a la necesidad del Gobierno de contentar a sus socios parlamentarios.

Además, el PP ha expresado dudas sobre la efectividad del impuesto en cuanto a fomentar la descarbonización. Desde su perspectiva, las exenciones podrían generar desigualdades y ser utilizadas como una herramienta para favorecer a determinadas empresas.

Un debate político y económico en marcha

El anuncio de este impuesto ha reavivado el debate sobre la política fiscal y energética en España. Mientras que el Gobierno defiende la medida como un paso hacia la sostenibilidad y la justicia fiscal, la oposición insiste en que es una muestra de improvisación y falta de visión estratégica.

La aprobación final del gravamen estará condicionada por las negociaciones en el Congreso, donde se prevé un intenso debate sobre su diseño, aplicación y posibles implicaciones económicas. En un momento en el que la transición energética es clave en las agendas internacionales, la decisión de España marcará un precedente en cómo las políticas fiscales pueden ser utilizadas como herramientas de cambio estructural en el sector energético.

Este contexto deja claro que la sostenibilidad y la política siguen entrelazándose, generando retos y tensiones que determinarán el futuro económico y ambiental del país.