A principios de mes se publicó la Ley Decreto 7/2024 para la simplificación administrativa de la Comunidad Autónoma para agilizar y clarificar la tramitación de expedientes y el desarrollo de nuevas instalaciones renovables. La misma entró en vigor el pasado 15 de julio y, según indican desde la Generalitat, todos los años se presentará una modificación de la ley.

Manuel Arguelles Linares, Director General de Energía y Minas de la Generalitat Valenciana, señala que el objetivo de la medida es hacer que la Comunidad Valenciana sea un “territorio amigable” para los promotores y que deje de ser la última Comunidad Autónoma en implantación de renovables para ocupar el lugar que “la industria reclama”.

“Se pretende quitar cualquier medida ideológica, dar más protagonismo en la fase inicial a los ayuntamientos, eliminar algunos de los trámites que colapsaban a los funcionarios, ya de por sí desbordados por el crecimiento de trámites en la DG de energía y en Medio ambiente, aclarar algunos de los puntos que generaban inseguridad interpretativa a los funcionarios, ampliar la posibilidad de implantación en los municipios y dejar que sean ellos los que pongan los límites”, señala Arguelles Linares en diálogo con Energía Estratégica España, y manifiesta que la ley busca eliminar barreras, agilizar trámites y quitar trabajo excesivo a los funcionarios. 

Sin embargo apunta: “El hecho de que solo se eliminen barreras hace que la implementación sea sencilla. Los proyectos requieren de los mismos trámites medioambientales por tanto no hay cambios que afecten a los proyectos que estén en esa fase. Es muy importante que se entienda que agilizar en ningún caso implica ser menos rigurosos con el medio ambiente, paisaje o medio natural. Ese trabajo es el mismo y debe seguir siéndolo”.

Este último punto es uno de los que exigen los especialistas del sector de renovables de la región para que este cambio no comprometa la integridad ambiental ni el bienestar de los municipios por pérdida de biodiversidad, degradación del paisaje natural o el daño a los ecosistemas. 

Por otro lado, cabe recordar que hace un mes la Dirección General de Energía y Minas junto a la Consellería de Medio Ambiente crearon un grupo de trabajo para mejorar la comunicación entre el órgano sustantivo con medio ambiente, urbanismo, medio natural y paisaje. “Permitirá enviar todos los condicionantes de cada proyecto al promotor a la vez eliminando sucesivas comunicaciones y petición de informes que colapsan a día de hoy ambas consellerías”, señala el funcionario.

Retos

La Comunidad Valenciana es una de las comunidades autónomas que más retos está afrontando para el avance de las energías renovables. La nueva Ley Decreto 7/2024 surge de un contexto de 400 expedientes estancados en tramitación ambiental.

En ese marco, el funcionario enumera los principales desafíos de la región para el impulso de estas tecnologías y destaca a las “fakes news” sobre el cambio climático y las renovables como uno de los principales puntos.

“Hay que explicar que muchas de las cosas que se dicen simplemente no son ciertas haciendo que el ciudadano entienda la necesidad y a veces bondad de implementar estas tecnologías en su territorio. Es un momento de cambio y no podemos dejar escapar esta oportunidad”, apunta. 

Lo social es uno de los puntos que destacan los especialistas del sector, quienes enfatizan en que las comunidades municipales deberían ser consultadas e involucradas en los procesos de planificación y ejecución de los proyectos y que las mismas deben beneficiarse de los proyectos mediante empleo local, inversiones en infraestructura y programas de desarrollo sostenible.

Por ejemplo, José Luis Bernal en un análisis de la normativa detalla: “Siempre hago hincapié en este punto ya que es el talón de Aquiles del sector energético, se debe implementar programas de formación y sensibilización para informar a las comunidades sobre los beneficios de las energías renovables y las medidas que se están tomando para proteger el medio ambiente y su bienestar”.

Por otro lado Arguelles Linares señala otro de los desafíos: “El sector público tiene serios problemas para reforzar los equipos dada las condiciones económicas heredadas por tanto es necesario apoyarse en el sector privado para que ayuden en la medida de lo posible a garantizar que la documentación llegue a la administración de la mejor manera posible”. 

Medidas 

Desde la Dirección General de Energía y Minas señalan la necesidad de trabajar en la electrificación, el fomento del biogás y el hidrógeno verde como vectores energéticos e impulsar la movilidad eléctrica.

Además, el funcionario enumera algunas medidas que se deben tomar para revertir las cifras  de potencia instalada de renovables de la Comunidad Valenciana:

• Tener una ley más acorde al sector, como está pasando en otras CCAA en las que está fucionando. Menos burocracia y optimizar el trabajo de los funcionarios evitando que tengan que dar 10 vueltas a cada expediente por la situación actual.
• Instrucciones técnicas para facilitar las interpretaciones de las partes de la ley que así lo requieran.
• Digitalizar la admisión a tramite de la documentación para facilitar que el administrado pueda colaborar introduciendo mucha información y además pueda seguir su expediente.
•  Abrir un proceso de colaboración con asociaciones, colegios profesionales y cámaras para ayudar en el proceso de “filtrado” para garantizar que la calidad documental sea optima loque permitirá al funcionario evitar la necesidad de solicitar reiteradas veces a algunos promotores documentación que falta lo que supone un consumo de recursos que la administración no se puede permitir.
• Una mejor comunicación inicial con los ayuntamientos redundara en una menor carga de recursos que también suponen un cuello de botella para la administración