El pasado 25 de enero, finalizó el plazo para que los proyectos renovables, que habían recibido sus derechos de acceso y conexión entre el 31 de diciembre de 2017 y el 25 de junio de 2020, recibieran su declaración de impacto ambiental, a riesgo de perder su punto.

De acuerdo a números del Miteco, Castilla-La Mancha esperaba 5.153 MW de potencia renovable en los expedientes evaluados, de los cuales 3.671MW fueron aprobados, 1.422MW desaprobados y 60 MW terminaron archivados. Asimismo, el organismo explica que 5.083 MW son de energía fotovoltaica y 70 MW de eólica.

En diálogo con Energía Estratégica España, el Director General de Transición Ecológica de la Junta de Castilla -La Mancha, Manuel Guirao, comenta: “La tramitación masiva ha sido un éxito del Gobierno central y de los autonómicos”.

“Creo que el Gobierno español ha hecho una muy buena labor en este sentido, porque han conseguido revisar la gran mayoría de los proyectos, y cumplir el hito marcado”, explica el directivo.

En este sentido, el funcionario señala que la principal razón por la que se llegó a esta situación fue la falta de personal que había en el Gobierno nacional, para evaluar la cantidad de expedientes que llegaron en esos años.

Desde la Comunidad manchega, remarca que no han encontrado “mayores problemas” a la hora de cumplir con este plazo del 25 enero, gracias a que se encuentran con una buena cantidad de personal profesional.

Cabe señalar que, la tramitación ambiental de los proyectos renovables que tengan una capacidad menor a 50 MW corre por la cuenta de la región en la que se ubique, mientras que los mayores a 50 MW van directamente al Miteco.

“En los últimos años se han tomado muchas acciones con el objetivo de agilizar las tramitaciones, ya se está dotando a las comunidades autónomas de personal, como al gobierno central. Este era el principal cuello de botella que existía”, comenta el Guirao.

Asimismo, recuerda que el Real Decreto 20/2022 abarca medidas para la aceleración de las tramitaciones en el país, principalmente desde el lado del Gobierno central.

Sin embargo, el funcionario indica que aún restan resolver algunos aspectos dentro de las administraciones en el país, entre las que resalta la rigurosidad y los tiempos de estas.

“Suelen ser muy garantistas las declaraciones de impacto ambiental, permitiendo muchas alegaciones y consultas públicas, necesitamos revisar estas cosas”, resalta el directivo.