Luego del hito administrativo del 25 de enero, queda la incertidumbre de aquellos proyectos que aún no han obtenido respuesta de los gobiernos sobre si obtuvieron o no la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva. 

De esta manera, se mantiene la expectativa para saber cuántos de los 80 GW (19 GW eólicos y 60 GW fotovoltaicos) podrán continuar con la construcción de los parques. 

José María González Moya, Director General de APPA Renovables, asegura que este número será clave ya que de ello dependerán las instalaciones hasta 2025. 

En diálogo con Energía Estratégica España, comenta que entre los asociados hay empresas que han recibido DIA positiva, otras fueron negativas y a algunos no han obtenido respuestas.

En este sentido el directivo declara: “Esperaremos a los datos oficiales para saber a cómo posicionarnos pero dependerá de cada empresa actuar de la manera que consideren más conveniente frente a cada caso”.

Una de las declaraciones realizadas por la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, fue dedicada a los promotores, pidiendo que desde el inicio de su trabajo tengan en consideración el interés de la sociedad. 

¿Qué ocurrirá a partir de ahora?

Ribera anunció que 170 de los 200 proyectos evaluados, mayores de 50 MW, obtuvieron su DIA positiva, de manera que hay una gran expectativa por la cantidad de potencia renovable que estará disponible. 

Luego de un gran esfuerzo de todas las administraciones autonómicas, también se espera que los parques menores de 50 MW sumen gran cantidad de generación limpia a sus comunidades. 

[Ver datos divulgados de cada administración]

No obstante, también se sabe que hay una considerable cantidad de expedientes que no alcanzaron a procesarse, de manera que estos podrán iniciar acciones legales por la pérdida de avales. 

“Hay dudas razonables de que no todos las DIAs que se hayan concedido reúnan los pertinentes requisitos, lo que, sin ninguna duda, llevará a promotores a abrir procesos judiciales y no es bueno para la credibilidad de la administración”, declara Abelardo Reinoso, Consultor Redes Eléctricas, Energía y Operaciones. 

En diálogo con Energía Estratégica España, el experto resalta que habrá que garantizar la legalidad de las autorizaciones administrativas que se vayan a conceder en su momento. 

Específicamente, el artículo 23 del RD 20/2022 establece un procedimiento simplificado para esta tramitación, que no estará exento de discrepancias, reclamaciones y no conformidades entre quienes no las obtengan. 

“Cualquier simplificación de procedimientos puede dar lugar a interpretaciones diferentes en organismos de similares responsabilidades”, expresa Reinoso.

Asimismo opina que esto “discrimina a los distribuidores de energía o a otros promotores que deban legalizar similares instalaciones en el mismo período de tiempo, ya que no les permite aplicar ese procedimiento simplificado, al aplicar solo a proyectos de energías renovables”. 

¿Qué podría pasar con la capacidad de la red?

Una vez que se resuelvan los MW que finalmente se pongan en marcha y aquellos que quedarán nuevamente disponibles podrá aclararse el panorama de disponibilidad de la red. 

«Habrá que dirigir mucho hacia dónde queremos llevar esta generación, de acuerdo a las necesidades de consumo que tengamos», manifiesta Reinoso y refuerza su postura frente a revisar las condiciones de las subastas para utilizarla como instrumento estratégico frente a esta problemática. 

«A partir de este momento… entramos en una nueva carrera de obstáculos para que todos estos proyectos obtengan la autorización administrativa de construcción antes del próximo 25 de julio. Un nuevo reto para los promotores, pero especialmente para la administración», concluye el Consultor.