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noviembre 22, 2024

Italia suspende temporalmente una disposición clave para renovables: ¿impulso o freno?

El Consejo de Estado suspendió cautelarmente una disposición del Decreto de Áreas Idóneas, limitando la capacidad de las regiones italianas para establecer normativas más restrictivas. La medida, válida hasta la audiencia en febrero de 2025, genera incertidumbre en el desarrollo y tramitación de proyectos de energías renovables. Abogados analizan el fallo del decreto en diálogo con Energía Estratégica España.
By Emilia Lardizabal

By Emilia Lardizabal

noviembre 22, 2024
Italia Decreto Italy

El Consejo de Estado de Italia, máximo órgano de la justicia administrativa, ha suspendido temporalmente la aplicación del artículo 7, párrafo 2, letra c) del Decreto de Áreas Idóneas.

Esta disposición permitía a las regiones modificar la designación de zonas aptas para energías renovables previamente definidas por el Decreto Legislativo 199/2021. Según los jueces, la norma evaluada no parece alinearse completamente con la legislación nacional, que ya establece las áreas adecuadas.

Vincenzo Sacco, abogado, analiza la medida y señala que, mientras se espera la audiencia prevista para el 5 de febrero, las regiones no podrán aplicar normas más restrictivas. Por lo que las áreas elegibles continuarán siendo reguladas por el art. 20, párrafo 8, del Decreto Legislativo 199/2021.

“En este corto período de tiempo, no se podrán emitir rechazos de autorización basados en que la planta se construiría en un área definida como no adecuada según las disposiciones regionales dictadas por leyes regionales posteriores que no cumplan completamente con el Decreto Legislativo que ya contiene una lista de áreas consideradas adecuadas. Sin embargo las autoridades locales podrían seguir denegando la autorización, tal vez esperando la sentencia del juez administrativo”, detalla en diálogo con Energía Estratégica España.

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Consultado por el impacto y la ralentización que podría generar esto en el desarrollo de proyectos renovables, Sacco apunta que no prevé efectos prácticos significativos dado que es una disposición temporal. Pero que podría ser una indicación para una sentencia sobre el fondo que declare la ilegitimidad del artículo 7.

Mientras que Enrico Esposito, abogado administrativo, asegura que “sin duda habrá una ralentización en cuanto a la presentación de nuevos proyectos para su autorización”, ya que las empresas (y también las administraciones regionales) preferirán esperar a que el marco normativo se estabilice definitivamente. Sin embargo remarca que los proyectos en curso avanzarán sin problema.

Como resultado de la orden del Consejo de Estado las regiones italianas no podrán aprobar leyes que contengan normas que entren en conflicto con las áreas elegibles nacionales; en cambio, pueden legislar sobre otros aspectos que no han sido abordados por la orden”, explica Esposito en entrevista con el medio.

Y agrega: “Sin embargo, personalmente dudo que las regiones tomen alguna medida antes de la audiencia final: de hecho, existe el riesgo de que las leyes aprobadas, incluso si cumplen con la orden del Consejo de Estado, sean anuladas de todos modos, dado que los jueces administrativos podrían identificar otras razones para la ilegitimidad del decreto sobre áreas adecuadas en la decisión final”.

El Decreto y la audiencia 

La normativa suspendida otorgaba a las regiones el poder de restringir el desarrollo de proyectos en áreas previamente identificadas como aptas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Dichas áreas, conocidas como «idóneas» o “adecuadas”, son aquellas zonas del territorio en las que se favorece la construcción de plantas de energías renovables (RES) a través de mecanismos de simplificación burocrática como la reducción a la mitad de los tiempos de autorización y el carácter no vincultante de los dictámenes paisajísticos.

Entre ellas se incluyen terrenos como canteras en desuso, vertederos abandonados, cinturones solares de autopistas o zonas aeroportuarias, favoreciendo la construcción de plantas de energías renovables mediante procesos de autorización simplificados.

Este fallo surge tras la apelación presentada por Erg Wind Energy S.r.l., una empresa dedicada a la generación de energía renovable, que argumentó que el decreto restringía sus proyectos de repotenciación eólica. En ese marco el Consejo de Estado consideró que la disposición podría generar incertidumbre jurídica y que era incompatible con la ley nacional y  suspendió la aplicación del artículo específico del decreto, ya que además podría perjudicar a  los objetivos nacionales de transición energética y las metas del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR).

Es importante destacar que el fallo no invalida el decreto interministerial en su totalidad, sino que solo suspende una disposición específica. El resto del decreto sigue en vigor y las regiones aún tienen la responsabilidad de implementar la ley nacional sobre energía renovable.

El 5 de febrero de 2025 es la fecha fijada para la audiencia pública en la que el Tribunal Administrativo Regional (T.a.r.) emitirá una sentencia definitiva sobre el caso de Erg Wind Energy S.r.l. contra el decreto interministerial que regula la designación de áreas aptas para la instalación de plantas de energía renovable.1 Hasta entonces, la suspensión de la disposición del decreto que permitía a las regiones restringir el desarrollo en áreas designadas como aptas por la ley nacional seguirá en vigor

La audiencia final ante el Tribunal Administrativo Regional del Lazio genera incertidumbre, los expertos coinciden en que el fallo de febrero será determinante para el sector de las renovables en Italia.

Según Esposito, «es imposible hacer predicciones, pero la orden del Consejo de Estado parece dejar pocas dudas de que las áreas adecuadas identificadas por el MASE deben considerarse obligatorias y vinculantes para las leyes de planificación territorial».

Además, manifiesta que espera que el Tribunal Administrativo Regional se pronuncie sobre si las regiones pueden o no identificar las “áreas no adecuadas”, aquellas en las que se prohíbe la construcción de plantas renovables. “Los operadores económicos están impugnando este poder, ya que consideran que las regiones no pueden introducir nuevas prohibiciones que no estén ya previstas a nivel central”, explica.

“Si el 5 de febrero el Tribunal Administrativo Regional también acepta este motivo de apelación, todo el sistema de leyes regionales sobre áreas adecuadas quedaría debilitado, y entonces todo el proceso de planificación territorial llevado a cabo hasta ahora tendría que rehacerse por completo”, concluye.

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