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junio 27, 2022
Análisis. “La lentitud en las tramitaciones administrativas pone en peligro el desarrollo de las renovables”
En una columna exclusiva para Energía Estratégica España, Andrés Campaña Ávila, abogado especialista en energía y socio de BROSETA, brinda una mirada legal sobre lo logrado y lo que resta hacerse en España para que puedan alcanzarse los objetivos que plantea la transición energética.

Pocas dudas caben de que cumplir con los objetivos de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C (con respecto a los niveles preindustriales) y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C, que se recogen en el Acuerdo de París de 12 de diciembre de 2015, tal y como fueron concretados en el paquete de medidas acordado en la 24ª Conferencia de las Partes (COP24) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en 2018 en Katowice, requiere de esfuerzos más intensos de los que se han venido haciendo hasta no hace mucho tiempo.

En el ámbito comunitario, en fechas tan recientes como el 18 de mayo pasado la Comisión Europea presentó su “Plan de Acción REPowerEU”, que reconoce que, a la vista de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la realidad geopolítica y energética requiere acelerar drásticamente el proceso de transición energética y hacer a Europa independiente de los combustibles fósiles procedentes de Rusia antes de 2030.

Como no podía ser de otro modo, el Plan de Acción REPowerEU reafirma que las energías renovables son el núcleo de la seguridad energética para Europa y, en consecuencia, propone aumentar el objetivo de la Directiva sobre fuentes de energía renovables hasta el 45 % de aquí a 2030 frente al 40 % de la propuesta del año pasado.

Esto elevaría la capacidad total de producción de energía renovable a 1 236 GW de aquí a 2030 frente a los 1 067 GW previstos en el paquete de medidas «Objetivo 55» para 2030.

Recordemos que en España la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, que ya desde su primer artículo se presenta como la apuesta decidida para asegurar el cumplimiento por parte de España de los objetivos del Acuerdo de París, dispone que en 2050, o en el plazo más corto posible, España deberá alcanzar la neutralidad climática.

Además, establece también una serie de objetivos más concretos para el año 2030 en el ámbito de la reducción de gases de efecto invernadero, las energías renovables y la eficiencia energética, que, como el anterior, pueden ser revisados al alza por el Consejo de Ministros, y entre los que se encuentran:

  • alcanzar una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, al menos, un 42 %; y
  • alcanzar un sistema eléctrico con, al menos, un 74 % de generación a partir de energías de origen renovables.

Sin perjuicio de que el objetivo del 42% de penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final queda ya desfasado a la luz del nuevo compromiso del Plan de Acción REPowerEU, España se encuentra todavía muy lejos del cumplimiento de estos objetivos.

En efecto, en el año 2020, último del que se dispone de datos a la fecha, el porcentaje de energía de origen renovable en el consumo de energía final se situó en torno a un 21%, mientras que la generación renovable en relación con el total de generación eléctrica alcanzó entre un 42% y un 44% en función de la fuente que se consulte, lejos todavía, como decía, de los objetivos previstos para 2030.

Para alcanzar los objetivos es necesario que se agilice la tramitación de los permisos administrativos de las instalaciones renovables.

No en vano, el propio Plan de Acción REPowerEU aborda decididamente los cuellos de botella que frenan la expansión de la energía eólica y solar como es la tramitación de permisos, que considera que “constituyen un obstáculo clave para impulsar la revolución de las energías renovables y para la competitividad de la industria de las energías renovables”.

Así, la Comisión Europea propone en el Plan de Acción REPowerEU medidas para racionalizar los procedimientos a nivel nacional, aborda las ambigüedades en la aplicación de la legislación de la UE, establece buenas prácticas en los Estados miembros y recomienda enfoques participativos que impliquen a las autoridades locales y regionales y les proporcionen los recursos necesarios para facilitar la realización oportuna de inversiones adaptadas a nivel local.

Como dice el Plan de Acción REPowerEU, “la Comisión está modificando su propuesta de Directiva sobre fuentes de energía renovables y pide al Parlamento Europeo y al Consejo que garanticen un acuerdo rápido como parte del paquete de medidas «Objetivo 55».

La propuesta revisada pone en práctica el principio de las energías renovables como un interés público superior, introduce la designación de zonas «favorables» y otras formas de acortar y simplificar la concesión de permisos, minimizando al mismo tiempo los riesgos potenciales y los efectos negativos sobre el medio ambiente”.

En España se están dando pasos en el plano normativo. Algunos ejemplos los tenemos en el Real Decreto-Ley 23/2020, que permite liberar capacidad de proyectos que no tuviera un grado mínimo de madurez al tiempo que favorece la tramitación de proyectos firmes y viables.

También se puede mencionar al Real Decreto-Ley 29/2021, que extiende por un plazo adicional de nueve meses los plazos para los hitos intermedios relativos a la declaración de impacto ambiental y las autorizaciones administrativas previa y de construcción, sin extender el plazo total de cinco años para el hito final de obtención de la autorización administrativa de explotación, y que permite renunciar los permisos de acceso y conexión procediéndose a la devolución de las garantías económicas presentadas, lo que contribuye a liberar capacidad de acceso a la red para la tramitación de proyectos con mayor madurez y viabilidad.

Además, el Real Decreto Ley 6/2022, que contiene diversas medidas de agilización de los procedimientos administrativos para las instalaciones renovables, como la reducción de los plazos de autorización de los proyectos de generación mediante energías renovables competencia de la Administración General del Estado, la tramitación y resolución de manera conjunta de las autorizaciones previa y de construcción, la acumulación de los trámites de información y de remisión del proyecto de ejecución a las distintas administraciones, organismos o, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas o la unificación de los trámites de información pública y de información a otras administraciones públicas a los efectos de la declaración de utilidad pública con los mismos trámites previstos para la obtención de la autorización administrativa previa y de construcción.

Con todo, la industria se queja de que en el ámbito de la Administración General del Estado, competente para la tramitación de permisos de aquellos proyectos renovables con más de 50 MW de capacidad o cuya instalación está proyectada en dos o más comunidades autónomas, la obtención de los permisos lleva hasta cuatro años, lo cual es especialmente grave si tenemos en cuenta que el tiempo de construcción de los proyectos no suele exceder de un año.

Según información del sector, en el año 2021 el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) otorgó solo nueve declaraciones de impacto ambiental, frente a las aproximadamente trescientas que otorgaron las comunidades autónomas en proyectos de su competencia. Esta situación contrasta con la de otros países de la UE como es el caso de Italia, donde en 2021 se dieron permisos que casi doblan los concedidos en los dos años precedentes juntos.

Tras el esfuerzo normativo del Gobierno ya tenemos los mimbres. Ahora es preciso que el Gobierno tome conciencia de que el cumplimiento de los compromisos queda a medias si se queda en el plano normativo y no instruye a la Administración que de él depende para que contribuya a que se haga el cesto con la celeridad que se requiere.

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