Los sistemas energéticos de los territorios no peninsulares están condicionados en el despliegue de las renovables por unas circunstancias particulares que hacen necesario su tratamiento de manera específica. 

Los costes derivados del efecto insular afectan a los costes de generación de energía y el desarrollo de proyectos de energías renovables ven afectada su operación debido al menor tamaño de los sistemas eléctricos, su fragmentación y la menor disponibilidad de territorio.

En este sentido, el Gobierno español presentó el borrador de las bases reguladoras para la concesión de ayudas para instalaciones de generación de energía verde, en el marco del PRTR, así como las Resoluciones de sus convocatorias para Illes Balears y Canarias.

Durante el período de consulta pública, la Asociación Española de Baterías y el Almacenamiento energético (AEPIBAL) organizó una mesa de debate para estudiar estas medidas y presentar propuestas de mejoras. 

El almacenamiento es un tema delicado para la legislación ya que faltan definiciones que establezcan un marco normativo que formen las bases para todas las iniciativas. 

En esta línea, AEPIBAL propuso que se reduzca la puntuación dedicada a externalidades positivas (60 puntos de 100), favoreciendo otros puntos como la madurez  administrativa del proyecto y la inclusión de almacenamiento. 

Justificado por la organización, principalmente, porque supone a su vez un impacto socioeconómico y medioambiental positivo al maximizar la penetración de energía renovable en los sistemas insulares.

Pero más allá de esto, otra de las observaciones destacadas fue la solicitud de priorizar aquellos proyectos que se encuentran en avanzado estado de tramitación, independientemente de llevar consigo sistemas de almacenamiento.  

“Se entenderían como proyectos en avanzado estado de tramitación aquellos cuya solicitud de Autorización Administrativa se hubiera realizado antes de 2020 y que, por causas no imputables al promotor, aún no hubiera sido resuelta”, describen.

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