El Consejo de Ministros aprobó la adenda de ampliación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la cual fue remitida a la Comisión Europea, donde se incluyen inversiones y reformas adicionales dirigidas a impulsar la autonomía estratégica en el ámbito energético. En total, el Plan de Recuperación puede llegar a movilizar 160.000 millones € en el periodo 2021-2026.

En su quinto informe de seguimiento de los fondos Next Generation dentro de España, la Oficina de Proyectos Europeos de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), se destaca que España es uno de los países con mayor nivel de ejecución de estas ayudas.

Según el documento, España recibió 6.000 millones € de fondos recibidos dentro del Plan es de 37.036 millones €, lo que supone el 53,2% del cómputo global. De los cuales, se estima que alrededor de 27.300 millones € han sido adjudicados.

Sin embargo, desde la CEOE destacan una serie de aspectos que deberían mejorarse en la gestión de los fondos europeos luego de la aprobación de la Adenda.

El primero de los puntos en los que se hace hincapié es que, durante el periodo de evaluación en que se encuentra la adenda, se puede establecer negociaciones con los diferentes actores sociales y Comunidades Autónomas.

Por un lado, mencionan que hará falta dotar de una mayor flexibilidad a las Comunidades Autónomas para adaptar los componentes del Plan de Recuperación a las realidades autonómicas y poder financiar proyectos regionales estratégicos.

En este aspecto también se propone: Incorporar incentivos fiscales para agilizar la ejecución de los fondos; crear la figura de proyectos tractores territoriales; y aumentar la cogestión autonómica de las líneas de inversión pendientes a ejecutar.

Como segunda recomendación, CEOE destaca la necesidad de reforzar la implicación del sector financiero y la coordinación con las Comunidades Autónomas, con el objetivo de mejorar la agilidad de las ayudas.

En este punto, subraya la importancia de que las entidades financieras, entre los que mencionan al Banco Europeo de Inversiones (BEI), aporten su experiencia en el análisis de proyectos a las empresas y los organismos autonómicos gestores de las ayudas.

Como tercer punto clave, el documento resalta la importancia de incorporar reducciones en los impuestos e incentivos fiscales dentro de la ejecución de los fondos, con el objetivo de mejorar la transparencia y mitigar el «alza inflacionista» en el sector.

En este sentido, recalcan los ejemplos de países como Francia, Italia, Portugal y Suecia que han implementado estas medidas. Asimismo, la CEOE destaca la necesidad de conocer el volumen exacto y la trazabilidad de los fondos que lleguen a la «economía real».

Finalmente, el documento hace una cuarta y última recomendación señalando que se debería posicionar la figura del PERTE como un instrumento clave para la colaboración y negociación público-privado.

Asimismo, requieren de una «mayor transparencia» en la información acerca de la adjudicación y ejecución de los proyectos, lo cual acelerará el «efecto incentivador» en la economía.

En otro aspecto, la CEOE apuesta por la incorporación de una perspectiva de proyecto tractor territorial, con actuaciones adaptadas a su situación socio-económica. Con esto, se podría garantizar la descentralización de las grandes ayudas.

«En este sentido, el periodo de evaluación de la Comisión Europea se considera clave de cara a realizar las modificaciones convenientes a la ejecución de la segunda fase del Plan», concluye el documento.