A una semana de haberse aprobado el Plan de Ahorro Energético de España, Energía Estratégica España recopila lo pronunciado por la Vicepresidenta tercera y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.
Estas son las medidas parciales que se incluirán más adelante en el plan de contingencia que diseñe la Moncloa para hacer frente a un eventual corte del gas ruso en invierno.
En la última entrevista realizada a la ministra, el 13 de agosto por el medio ElEconomista.es, aseguró: «Nuestro objetivo es no introducir restricciones de consumo energético ni en hogares ni en industrias».
Asimismo, explicó que las medidas recientemente aprobadas, no alcanzan para cubrir el 7% del ahorro en el consumo de gas.
No obstante, afirmó que “significará algo más de la mitad del esfuerzo que debe realizar España”.
Seguido a eso, describió que el resto puede cubrirse con otras medidas o con un impulso a la electrificación y a la renovables, que permitan reducir el consumo de gas.
“Es mejor tomar ahora medidas suaves y eficaces como éstas y lograr evitar medidas más duras”, concluyó Ribera.
Uno de los planteamientos es el límite al termostato en espacios públicos para que no queden por debajo de los 27 grados en verano ni superen los 19 en invierno.
Se aplicará en edificios y locales de uso administrativo, comercial y de concurrencia pública, como teatros, cines, establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas, estaciones de tren y autobús, y aeropuertos.
Sobre los que no cumplan con estas medidas, Ribera sostuvo: «No creo que nadie vaya a imponer multas inmediatamente. Tendrá que haber un apercibimiento, preguntar por qué no se están aplicando y, de forma proporcionada, ir adoptándolas».
El plan presentado incorpora excepciones para aquellos espacios que así lo justifiquen por las especificidades del sector o las condiciones de sus trabajadores.
Entre ellos se encuentran los centros de formación, sanitarios, peluquerías, gimnasios y medios de transporte. Tampoco se aplicará en lavanderías ni en las habitaciones de los hoteles al ser de regulación privada.
Además, el plan incluye el deber de apagar a las 22:00 horas el alumbrado de vidrieras y edificios públicos que estén desocupados, salvo la iluminación ornamental de monumentos y otras medidas como la obligación de disponer de un sistema de cierre de puertas para locales cuando tengan un sistema de climatización en funcionamiento.
La aprobación de este documento se realizó a través de un Real Decreto Ley, despertando la molestia de los gobiernos autonómicos quienes salieron a declarar públicamente que las medidas son improvisadas y no fueron consultadas con las administraciones.
En este sentido, la líder del MITECO sostuvo: «Las autonomías sí tienen medios para que el plan de ahorro se cumpla».
Mencionó que no iba a aplazar las medidas y fue determinante: “Creo que cualquier gobierno responsable sabe que las normas están para aplicarlas y se evitará la insumisión».
Asimismo, recordó que la Ley orgánica del Tribunal Constitucional contempla en «los conflictos negativos de competencia» apercibimientos para las administraciones que «no ejerzan sus competencias».
La disputa con las Comunidades Autónomas
Andalucía, Comunidad de Madrid, Galicia, Castilla y León y Murcia, las cinco comunidades gobernadas por los populares, instaron a la Moncloa a retirar el texto, el lunes antes de la presentación y se mantienen en contra.
La Comunidad de Madrid ya elaboró el recurso que presentará ante el Tribunal Constitucional para no tener que acatar el plan de ahorro que diseñó el Gobierno para reducir el consumo energético.
La administración de Isabel Díaz Ayuso considera “inconstitucionales” las medidas y argumenta que el decreto de Moncloa atenta contra la «libertad» de los locales, amparados por una normativa autonómica.
«Si a pesar del apercibimiento se sigue sin ejercer la competencia se podrá plantear un conflicto ante el Tribunal Constitucional, hay otras alternativas ante los tribunales de lo Contencioso, pero entiendo que es algo que deberán valorar los servicios jurídicos», mencionó Ribera al respecto.
Además, manifiestan que no cuentan con medios para vigilar el cumplimento de la ley y sobre esto, en entrevista con ElEconomista.com, Ribera afirmó:
“Es absurdo afirmar que carecen de medios de los que ya disponen. Sí tienen medios para vigilar que en los edificios de uso público se cumplan las normas de extinción de incendios o cualquier otra condición de seguridad básica, incluidas las condiciones de climatización y calefacción, cuya normativa está en vigor desde 2009 y no han planteado ningún problema”.
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