El pasado 6 de enero de 2025, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley 2/2024 de Recursos Naturales de Galicia, cerrando un proceso legislativo iniciado en 2024 que fue tan cuestionado por el sector de la eólica.

Esta normativa, aprobada por el Parlamento gallego en noviembre, introduce medidas que buscan maximizar los beneficios sociales, económicos y ambientales de los proyectos que utilizan recursos naturales, mientras refuerzan el liderazgo de Galicia en energías renovables.

La Ley 2/2024 incluye disposiciones innovadoras y controvertidas. Por un lado, obliga a la repotenciación de parques eólicos con más de 25 años de operación, un requisito que ha generado resistencia en el sector. 

Por otro, los promotores deberán destinar el 50% de la energía generada a pymes y empresas locales mediante contratos PPAs, fomentando la participación local en el desarrollo energético.

Medidas destacadas

Entre los aspectos más relevantes de la normativa, destacan:

• Repotenciación obligatoria: Los parques eólicos que hayan alcanzado los 25 años de operación o la «vida útil de diseño» deberán modernizar sus instalaciones para mantener los permisos de operación.
• Flexibilidad en ubicación: Se permite instalar proyectos eólicos fuera de las Áreas de Desarrollo Eólico (ADE) bajo estrictos criterios ambientales y con beneficios económicos significativos para la región.
• Canon compensatorio para la eólica marina: La ley establece un canon destinado a mitigar impactos en sectores afectados, como la pesca, y a financiar la conservación ambiental.
• Declaración de interés público: Los proyectos con inversiones significativas o contratos de largo plazo podrán ser declarados de especial interés social y económico, lo que facilitará su tramitación administrativa.

Controversias y críticas del sector

A pesar de sus ambiciosos objetivos, la Ley 2/2024 ha generado tensiones en el sector renovable. La Asociación Empresarial Eólica (AEE) advierte que algunas disposiciones, como la repotenciación obligatoria, podrían desincentivar las inversiones.

Juan Virgilio Márquez, CEO de la AEE, señala: “La modernización impuesta tras 25 años podría judicializar proyectos y frenar el desarrollo eólico en Galicia”. Más de 2.000 MW de capacidad instalada estarían en riesgo de enfrentar procesos administrativos antieconómicos, según la asociación.

Otro punto de conflicto es la obligación de firmar PPAs con empresas locales, lo que, según la AEE, podría vulnerar las normativas de competencia europeas y desestabilizar contratos internacionales ya firmados.

Impacto en el sector eólico

La publicación de la ley coincide con un contexto de inseguridad jurídica para el sector renovable en Galicia. Medidas cautelares impuestas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y una cuestión prejudicial elevada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) han paralizado más de 2 GW de nuevos proyectos eólicos.

“Para garantizar el crecimiento sostenible del sector, se necesita un marco normativo estable que no desincentive la inversión”, concluye Márquez, haciendo un llamado a revisar y ajustar la normativa.