La nueva Ley 2/2024 de Galicia, publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOGA), se pone en vigencia a partir del 12 de noviembre, impone un canon a las infraestructuras de evacuación de energía eólica marina y flexibiliza los requisitos para la instalación de parques eólicos fuera de las áreas designadas.
Esta medida responde a la Agenda Energética de Galicia 2030, un esfuerzo de la Xunta por maximizar los beneficios sociales y económicos del sector energético en la región.
La ley establece un canon compensatorio sobre las infraestructuras de evacuación de la energía eólica marina, que se aplicará a los proyectos en territorio gallego.
Los ingresos de este canon se destinarán a la conservación ambiental y a medidas de compensación, beneficiando especialmente a ayuntamientos y sectores impactados, como la pesca, por la instalación de estas infraestructuras.
Además, la normativa permite que parques eólicos se instalen fuera de las Áreas de Desarrollo Eólico (ADE) previstas en el Plan Sectorial Eólico de Galicia, siempre que cumplan ciertos criterios ambientales y se ajusten a los beneficios sociales estipulados por la ley.
Fernando Vivas, director de Desarrollo de Negocio en Adelanta, considera que, aunque la normativa tiene el potencial de aportar beneficios a Galicia, su implementación podría tener implicaciones complejas.
“Es positivo que se busque que los beneficios de la energía eólica se queden en Galicia, pero es esencial que esto se haga de manera que no afecte la estabilidad ni la confianza de los inversores», comenta en diálogo con Energía Estratégica España.
Asimismo, remarca que como es un tema complejo, necesitará “algunos meses y mucho diálogo con otros grupos políticos y con todos los sectores implicados”, para lograr una normativa que mejore la actual y que sea compatible con la legislación estatal y europea.
La nueva ley también abre el camino para la repotenciación de parques eólicos existentes. La Xunta de Galicia pretende que, además de crear nuevas instalaciones, los desarrolladores se centren en optimizar el rendimiento de los parques ya operativos, una medida que podría mejorar la eficiencia energética y minimizar el impacto ambiental.
«En ocho años, se han instalado 3.000 aerogeneradores que forman parte del paisaje gallego y se reducirán a unos 600 molinos; es decir, un 80% menos», afirmó
Según expresan desde el Gobierno los proyectos de repotenciación no solo deben garantizar un aumento de eficiencia en la producción, sino que también deben alinearse con el propósito de la ley de generar beneficios sociales y económicos para las comunidades locales.
La Xunta apunta a que estos proyectos, al igual que los nuevos parques, integren compromisos de impacto positivo en términos de empleo, desarrollo económico y reducción de costes energéticos para los habitantes locales.
Una visión crítica desde el sector eólico
La Asociación Empresarial Eólica (AEE) y la Asociación Eólica de Galicia (EGA) expresan serias reservas sobre otro aspecto normativo adicional: la propuesta de la Xunta de obligar a los parques eólicos a vender el 50% de su energía a empresas gallegas a través de contratos de compraventa de energía (PPA).
Según la AEE, esta medida “vulnera la normativa de competencia y de libre mercado, con efectos adversos para el desarrollo económico de la región.”
La EGA señala que esta restricción podría aumentar el costo de la electricidad para consumidores e industriales, además de obstaculizar las inversiones futuras en la región.
“Los proyectos eólicos son inversiones a largo plazo, con contratos firmados hasta 2030 y más allá. Cambiar estas reglas implicaría rupturas contractuales y afectaría la confianza en Galicia como destino de inversión”, añaden.
¿Hacia un modelo de desarrollo eólico más inclusivo?
Aunque la normativa es vista como restrictiva en algunos aspectos, defensores de la nueva ley argumentan que las medidas tienen el potencial de mejorar la cohesión social y económica en Galicia.
Según esta visión, obligar a los desarrolladores a comprometerse con el impacto local permite a los habitantes de las zonas eólicas recibir un beneficio directo por los recursos de la región, mitigando los impactos ambientales y visuales de estas instalaciones.
“Este tipo de políticas pueden interpretarse como una forma de justicia social, asegurando que los beneficios de la energía eólica no solo lleguen a las grandes empresas, sino también a las comunidades gallegas”, comentan desde el sector.
La nueva Ley 2/2024 supone un cambio importante en el marco regulatorio eólico de Galicia, alineándose con el Pacto Verde Europeo y promoviendo un desarrollo más inclusivo de los recursos naturales.
Sin embargo, está claro que el sector eólico se mantiene alerta a una implementación cuidadosa de estas disposiciones, ya que esto será clave para evitar fricciones y garantizar un entorno de inversión estable y competitivo.
Esto es como la canción…»todos queremos más y más y más y mucho más»
Son insaciables!
Pero sus amigos les alisan el camino…la normativa permite que parques eólicos se instalen fuera de las Áreas de Desarrollo Eólico (ADE)