En el día de hoy se reunirán los ministros de energía de la Unión Europea para buscar un enfoque general sobre una propuesta sobre la reducción de las emisiones de metano en el sector energético.

Entre los objetivos que perseguirá el Consejo descriptos en el orden del día, se encuentra la propuesta de directiva REPowerEU que modificaría la legislación de la UE sobre energías renovables, eficiencia energética y rendimiento energético de los edificios.

Además de intentar un acuerdo sobre el tope al precio en el mercado gasista a nivel europeo, se pretenderá acelerar el despliegue de las energías verdes. 

En particular, se promueve la adopción de equipos de energía solar y bombas de calor, de manera que se establecen plazos máximos para los procesos administrativos y una propuesta de reglamento sobre reglas comunes del mercado interior para los gases renovables y naturales y el hidrógeno. 

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La Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, nuevamente se mostró pesimista frente a la cumbre de los Veintisiete.

Ambas medidas forman parte del paquete a la que el Gobierno español y otros 14 Estados se opusieron y, aunque Ribera  se ha mantenido «firme en su posición», ya no está tan claro que otros gobiernos vayan a seguir el mismo camino.

Pese a que las administraciones autonómicas y el sector privados se han manifestado preocupados por el retraso de las declaraciones de impacto ambiental (DIA), la ministra reafirmó su postura frente a la negativa de postergar el hito del 25 de enero y su desacuerdo frente a la propuesta europea. 

España frente a la UE

“La UE pretende establecer medidas que ordenen los mercados pero no hay garantías de que los Estados logren implementar las normativas y España trata los temas con otras prioridades: las políticas”, manifiesta Miquel Gironès, experto en mercados energéticos. 

En diálogo con Energía Estratégica España, reflexiona sobre la postura de la funcionaria frente a la oposición de acelerar las tramitaciones y propone que de no organizar internamente los diferentes niveles del Gobierno, el país dejaría de ser atractivo para los inversores. 

Si no se llega al 25 de enero con los permisos pertinentes para que los proyectos puedan seguir adelante, debido a la acumulación de expedientes sin resolver, 100 GW de potencia renovable perderían su avance administrativo. 

Con lo cual, este es un tema clave para lo que deberá tener en cuenta España a la hora de debatir en la reunión. 

El número de proyectos que continuarán luego de esta fecha determinará el futuro de las inversiones en el territorio español. 

“España pone el foco de sus decisiones de cara al año electoral y lleva un plan en contra de la UE y no favorece al mercado interior”, plantea el experto. 

En este sentido, sostiene que “el Gobierno va a partir de problemas internos que debe solucionar como el tope al gas que se da porque el PVPC está mal diseñado” y lo justifica con que por no volver atrás con la decisión de desterrar a la nuclear, no se bajarán los precios. 

“Si España hubiera topado el PVPC, las señales sobre el autoconsumo hubieran sido diferentes. Primó la idea de las renovables que crear un contexto favorable para su desarrollo”, opina Gironès.