En el último Congreso Internacional de Bioenergías de Valladolid se encontraron los actores principales del sector del biogás y, por primera vez en sus 17 ediciones, manifestantes se acercaron a exponer la incertidumbre que generan los nuevos proyectos en desarrollo.

Actualmente, existen once plantas de biometano operativas que producen 455 GWh/año (una en Madrid, seis en Cataluña, dos en Castilla y León y dos en Galicia), unas 250 plantas de biogás con una producción total de 8.079 GWh/año y siete plantas de gasificación de biomasa sólida en funcionamiento (una en Galicia, una en Aragón, una en Murcia, una en Castilla y León, una en Andalucía y dos en Castilla-La Mancha) más dos plantas piloto -también de gasificación-, en León y Navarra, según el sitio oficial del congreso.

Asimismo, hay aproximadamente 200 proyectos de plantas de biogás en distintas fases de desarrollo y un nuevo objetivo del PNIEC que es aumentar la producción de biogás hasta 20 TWh en 2030.

Sin embargo, el cumplimiento de esta cifra dependerá del acompañamiento de la comunidad española y para ello será necesario atender sus necesidades. 

“Por desgracia, le estamos escuchando poco a la gente y hay un porcentaje de la población que tiene razón en sus quejas. Y es que muchos proyectos, lamentablemente, no están bien pensados”, comenta Óscar Bartomeu,  Gerente de Biovec Medioambiente.

En diálogo con Energía Estratégica España, el ejecutivo sostiene que la falta de planificación adecuada, ya sea por el tamaño, la ubicación o la tecnología utilizada, puede generar impactos negativos, tanto en la calidad de vida de los habitantes como en la percepción pública del sector.

De esta manera, reconoce la gran oportunidad que facilitó la organización del Congreso Internacional de Bioenergías de encontrarse con los actores clave del sector, incluídos a los manifestantes con los que se tomó el tiempo de hablar. 

Entre las preocupaciones que expusieron Bartomeu observa que existe gran desconocimiento por el funcionamiento de estas plantas y que los vecinos consideran que los malos olores, ruidos y riesgos serán un gran perjuicio en sus estilos de vida. 

“La administración debería velar por esto en los estudios de impacto ambiental, pero muchas veces no se toman en cuenta factores clave como el tránsito de vehículos pesados o las direcciones predominantes del viento”, remarca el especialista. 

Según explica, el principal problema radica en que las mega plantas, aquellas que proyectan una capacidad de más de 100.000 toneladas al año, lo que significaría cerca de 16 camiones al día – de ida y vuelta – por las calles del pueblo afectado.

Pese a que ya existe una limitación del radio de un kilómetro de zonas residenciales y 500 metros de las agrícolas, el paso de este tipo de vehículos con tal frecuencia por sus caminos es un importante cambio y en la administración hay proyectos que multiplican hasta cuatro veces esta capacidad y, por tanto, la materia prima necesaria. 

“Es lógico que a nadie le guste que, viviendo en un pueblecito, de repente te pase un camión con purines por delante de tu puerta constantemente, afectando la tranquilidad, la seguridad vial y la infraestructura local, que no está preparada para soportar este tipo de tráfico”, describe Bartomeu.

De esta manera, sugiere que se debería apostar por instalaciones más pequeñas, distribuidas en distintos puntos, que generen menos impacto en el entorno inmediato y exigir, en caso de que sea inevitable, que las promotoras construyan nuevos caminos diferentes a los que usan los ciudadanos. 

Por su parte, frente a los olores afirma que actualmente existe tecnología de avanzada que puede inhibirlos, por lo que no sería un problema como tal si las plantas están correctamente instaladas. 

“Si no conseguimos que las comunidades apoyen estos proyectos, será muy difícil avanzar. La clave está en el diálogo, en explicar los beneficios, pero también en ser honestos sobre los impactos y en trabajar juntos para mitigar los inconvenientes”, concluye el referente de Biovec.