España es un actor importante en la expansión de la energía eólica terrestre, pero en los últimos tiempos está enfrentando ciertos retos que retrasan el crecimiento del sector. 

Según datos registrados por Energía Estratégica España del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), se ha observado una disminución en la tramitación ambiental de nuevos proyectos eólicos terrestres en comparación con el mismo período del año anterior. 

En los primeros 8 meses del 2022, se ingresaron 8.119 MW eólicos terrestres en tramitación ambiental, mientras que en el mismo período de 2023 solo se registraron 2.563 MW. 

Por su parte, la nueva potencia instalada de eólica terrestre también ha disminuido. 

En los primeros ocho meses de 2022, se instalaron 1.042 MW eólicos, pero en el mismo período de 2023, sólo se instalaron 212 MW, lo que representa un retraso significativo en la puesta en marcha de nuevos parques eólicos, dado que se espera que desde este 2023 la nueva potencia anual promedio sea de 4,2 GW para alcanzar los objetivos del borrador del PNIEC. 

En diálogo con Energía Estratégica España, Fernando Vivas, Director de Desarrollo de Negocio de Adelanta Energía, manifiesta que existen varias causas detrás de esta disminución en la actividad eólica terrestre en España. 

«El mayor reto para cumplir los objetivos hacia 2030 es acompasar el crecimiento de energías renovables al crecimiento de la demanda, el incremento de capacidad de interconexión con Francia y el aumento de almacenamiento», afirma el ejecutivo.

Asimismo, agrega que esto se puede hacer si el Gobierno fomenta la electrificación de la climatización y el uso del vehículo eléctrico.

Desafíos en la tramitación ambiental y construcción de parques eólicos

Uno de los principales obstáculos que ha enfrentado la industria eólica en España es la obtención de los permisos necesarios. 

Hasta el hito administrativo de la Declaración de Impacto Ambiental del 25 de enero, la demora de respuesta acumulaba proyectos de hasta cinco años atrás y hoy son cerca de 20 GW que esperan continuar hacia el ready to build.

Según Vivas, en muchos casos, se requieren autorizaciones para las infraestructuras de conexión que son compartidas con otros promotores. 

Además, algunos de los proyectos que comenzaron su tramitación hace años necesitan modificaciones en el modelo de aerogenerador, un proceso que lleva tiempo.

El retraso en la ejecución de proyectos también se ha visto afectado por la demora de Red Eléctrica de España (REE) en cumplir los plazos de construcción incluidos en la planificación de la red eléctrica nacional. 

Además, sentencias judiciales han llevado a la suspensión cautelar de obras en algunos casos, lo que ha agregado más incertidumbre al sector.

«Tenemos una cartera de proyectos en promoción muy avanzada que permitirán cumplir los objetivos del PNIEC en 2030, si les damos tiempo», enfatiza el referente.

Tensiones en la Cadena de Suministro

Otro desafío importante mencionado por Vivas es la creciente tensión en la cadena de suministro. 

Con la necesidad de construir 60 GW de energía fotovoltaica y 20 GW de eólica antes del 25 de junio de 2025 para evitar que los permisos de acceso a la red caduquen, existe una gran presión para comenzar las construcciones. «Esto ha creado una competencia feroz por los recursos y equipos necesarios para llevar a cabo los proyectos», comenta el directivo de Adelanta energía.

En este sentido, también destaca el riesgo de que algunos proyectos no puedan obtener financiación debido a la dificultad de cumplir con los plazos establecidos en el Real Decreto Ley 23/2020 y esta situación podría dificultar aún más el avance de la energía eólica terrestre en España.

Ante estos desafíos, propone ampliar el plazo para el hito 5 del RDL 23/2020, especialmente para proyectos eólicos, ya que hay menos expedientes que requieren más tiempo de tramitación.

«Un crecimiento ordenado permitirá adaptarse a la industria española y europea. Si no, será un «sálvese quien pueda», que llevará a que muchos proyectos tengan que volver a la casilla de salida, perdiendo todo el trabajo de promotores y administración… con el riesgo de volver a judicializar el sector y obligando a importar equipos de proveedores externos», concluye Vivas.