En el día de ayer se publicó el Real Decreto 314/2023 que por el que se desarrollan el procedimiento y los requisitos para el otorgamiento de la autorización administrativa de las redes de distribución de energía eléctrica cerradas.

Estas son aquellas que suministran energía eléctrica a una zona industrial. Permiten agregar pequeños consumidores con distintas tensiones de red como si fueran un único gran consumidor conectado a una mayor tensión.

Por lo tanto, es una normativa dirigida a los polígonos industriales que pretende aumentar la competitividad de las empresas al reducir sus costes energéticos por compartir un mismo punto de acceso al sistema eléctrico.

Cumple con el mandato del Real Decreto-ley 20/2018, del 7 de diciembre, de medidas urgentes y responde a un reclamo histórico de los empresarios del segmento.

Asimismo, el Real Decreto permite poner en iguales condiciones a los polígonos industriales españoles como los de países como Alemania, Francia, entre otros, explica Antonio Hernandez Garcia, Socio en EY Consulting. 

“En el futuro, posibilita los valles del hidrógeno y que no se pretenda utilizar esto como distribución de comunidad energética”, añade Miquel Gironès, experto en mercados eléctricos. 

Por su parte, Carlos Martín Graña, Responsable de Operación de ENERJOIN, explica que  obliga a los dueños de la red cerrada a mantener la red y llevar a cabo las inversiones que exija el ministerio como si fueran otro distribuidor más.

En diálogo con Energía Estratégica España, el asesor menciona que habrá que  acometer la inversión de comprarle la red al distribuidor, pero, cuestiona “¿A qué precio? ¿Y si la distribuidora no quiere vender?”. 

“Habrá sectores que sí podrán sacar provecho por su ubicación o sinergias, pero en la mayor parte de proyectos habrá muchas complicaciones”, menciona Graña. 

Según describe el documento, en la red podrán participar hasta 100 consumidores no industriales, siempre que tengan relación con las industrias, estén en el interior de la red o sean adyacentes a la misma, y no representen más del 2% del consumo eléctrico total.

Específicamente en el artículo 3, apartado b), el documento anuncia: 

“A los efectos del presente real decreto se entenderá que se da tal circunstancia cuando al menos el 50 % del consumo conectado a la red de distribución de energía eléctrica cerrada sea del propietario o gestor de dicha red, o de empresas en las que su participación en el capital sea superior a un 50 %”.

Algunos actores del sector han manifestado que esto “dificulta y monopoliza muchos aspectos de la red”, ya que no todas las empresas tienen capacidad para obtener garantías tan altas. 

Por su parte, Abelardo Reinoso, Consultor Redes Eléctricas, Energía y Operaciones, considera que es una “pieza regulatoria, aislada e inconexa, ajena al funcionamiento global de las redes eléctricas”. 

Para el experto la medida no va a ayudar a avanzar en la electrificación de la sociedad y la industria sobre la que debe pivotar la transición energética.

En este sentido declara: “¿Acaso las actuales distribuidoras no gestionan las redes “cerradas” en zonas industriales? Claro que sí” 

Además, propone: “¿Acaso, resulta que el MITECO identifica el actual modelo de distribución de redes eléctricas como causante de la deslocalización de empresas y del elevado coste energético? Si es así, es grave esta acusación velada”.

Por último, Reinoso concluye que es más grave pensar que los problemas de la industria y de los costes eléctricos se resuelven troceando las redes y creando nuevos distribuidores “de segunda división”, que, probablemente, no van a ser más eficientes que los existentes.