La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, anunció la creación de RDG Comercializadora Galega de Enerxía, una iniciativa que pretende vender el 100% de la energía generada en Galicia a consumidores locales, con descuentos del 50% para los vecinos cercanos a infraestructuras renovables.
Esta propuesta, que se espera inicie operaciones en 2025, es la primera de su tipo en España al ser impulsada por un modelo de participación público-privada, donde la Xunta posee el 30% del capital.
Lorenzana defendió la creación de la comercializadora como una medida para democratizar el acceso a precios eléctricos más competitivos, especialmente para particulares y pequeñas empresas.
“Queremos que todos, desde los autónomos hasta las grandes industrias, puedan beneficiarse de precios más bajos mediante contratos PPA”, indicó durante su visita a las instalaciones de la sociedad Recursos de Galicia (RDG).
Según la conselleira, el desbloqueo del despliegue de energías renovables en Galicia, incluidas las energías marinas, será clave para ampliar el número de beneficiarios.
Las críticas del sector: ¿Es el rol de la Xunta convertirse en empresario?
A pesar del entusiasmo de la administración gallega, la creación de RDG Comercializadora Galega de Enerxía ha suscitado un intenso debate en el sector energético.
Con más de 800 comercializadoras registradas en España, cerca de un centenar de ellas operando en Galicia, algunos expertos cuestionan la necesidad de que una administración pública entre a competir en un mercado liberalizado, que tiene como objetivo fomentar la competencia entre actores privados, mejorando los precios y los servicios a través de la innovación.
En este sentido, algunos referentes de las renovables de Galicia consideran que la incursión de una comercializadora pública podría desdibujar esta lógica.
“El papel de la administración debería centrarse en regular y supervisar el mercado, protegiendo a los consumidores y garantizando la transparencia, no en convertirse en un actor empresarial más”, señala una fuente del sector en diálogo con Energía Estratégica España.
Para muchos, la Xunta estaría asumiendo funciones que corresponden a las empresas privadas, y esto podría desviar su enfoque de la vigilancia normativa que es necesaria en un mercado tan competitivo y técnico.
Además, el modelo financiero de RDG también genera dudas, ya que; aunque la Xunta tiene un 30% de participación en la sociedad, el restante 70% está en manos de corporaciones privadas gallegas, lo que podría comprometer la independencia de la entidad.
Según los críticos, esto podría priorizar los intereses de las empresas sobre los de los consumidores, algo que choca con el objetivo social de la comercializadora.
Otro aspecto que cuestiona la viabilidad de RDG es la baja rentabilidad de las comercializadoras en el contexto actual.
En un momento en que las inversiones públicas deben ser cuidadosas y estratégicas, algunos consideran que esta iniciativa podría “desviar recursos” que serían más útiles en áreas como la innovación en almacenamiento energético o el impulso a la electrificación del transporte.
Un modelo único en España, pero con desafíos a la vista
A pesar de las críticas, Lorenzana insiste en que RDG es una iniciativa pionera en el país y clave para la política energética del Gobierno gallego.
Además de la comercializadora, la Ley de Recursos Naturales de Galicia, que se aprobará este mes, obligará a los promotores de proyectos vinculados a los recursos naturales de la región a reinvertir parte de sus beneficios en el territorio, lo que facilitaría el desarrollo de esta y otras iniciativas.
“Nuestro objetivo es avanzar en la autonomía energética y abaratar la energía para los hogares y empresas gallegas”, subrayó la conselleira.
Sin embargo, los desafíos no son menores. El sector espera con cautela la evolución de RDG Comercializadora Galega de Enerxía, una empresa que, aunque única en su formato, tendrá que demostrar que puede operar con éxito en un mercado eléctrico donde la competencia es feroz y los márgenes ajustados.
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