El Gobierno de España, a través de la Orden TED/1193/2024 publicada en el Boletín Oficial del Estado, establece orientaciones a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para la revisión de la metodología de cálculo de la Tasa de Retribución Financiera (TRF), clave para las inversiones en redes de transporte y distribución de energía.
Estas modificaciones buscan incentivar el despliegue de las infraestructuras necesarias para atender la creciente demanda de energías renovables y la electrificación industrial en línea con las metas de transición energética.
«En definitiva, la aprobación de éstas orientaciones implica que la CNMC debe asegurar que la metodología de cálculo sea coherente con las normativas europeas vigentes y que responda adecuadamente a las necesidades del mercado energético español», señala el abogado especialista en energía Ignacio Sanglar, en diálogo con Energía Estratégica España.
La principal medida establecida en la orden consiste en evaluar una modificación de las metodologías de cálculo tanto de la rentabilidad libre de riesgo como del coste de la deuda.
Este cambio tiene como objetivo atenuar el efecto de los eventos económicos excepcionales de 2018 a 2023 en la definición de la rentabilidad para el próximo período regulatorio, proyectado entre 2026 y 2031.
El documento destaca que este enfoque “busca suavizar el impacto de eventos del pasado en la rentabilidad libre de riesgo y el coste de la deuda”, con la finalidad de promover una retribución que impulse las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica, esenciales para la electrificación de la industria, la expansión de la movilidad eléctrica y la integración de nuevos vectores energéticos.
Desde esta perspectiva, se recalca la importancia de establecer señales adecuadas que incentiven la inversión en las redes eléctricas.
Según han remarcado en varias oportunidades diversas fuentes del sector a Energía Estratégica España, la digitalización es factor esencial para integrar a los nuevos agentes del sistema, especialmente en lo que refiere a la demanda energética.
Aquí es importante señalar que Eurelectric, la patronal europea del sector eléctrico, en su último estudio indicó que aproximadamente el 16% de las inversiones de los Operadores de Sistemas de Distribución (DSOs) deberá destinarse a digitalización para 2030.
Y, si bien la Circular 6/2019 ya reconoció la importancia de este tipo de inversiones, incluyendo la automatización y proyectos piloto de digitalización, las eléctricas demandan una mayor ambición en el marco regulador y solicitan que se especifique el tipo de inversiones que serán requeridas.
Se apunta a que las redes estén preparadas para cubrir la demanda futura de energía limpia, a la vez que se facilite la integración de generación renovable a gran escala.
Según la orden, el Gobierno considera esencial que la metodología revise las bases actuales para permitir una TRF que permita evitar cuellos de botella en la infraestructura y fomente el crecimiento del sistema energético sostenible.
Un marco equilibrado para consumidores y promotores
La Orden TED/1193/2024 subraya que, además de impulsar el crecimiento de las redes de transporte y distribución de energía, el diseño de la retribución debe contemplar la contención de los costes para los consumidores.
El texto aclara que el valor de la TRF deberá «ponderar de manera equilibrada» la necesidad de inversión con el impacto en el precio final que enfrentan los consumidores. Esto responde a la preocupación de que los costos de la transición energética no perjudiquen a los usuarios finales, manteniendo una señal de precio competitiva y accesible para la electrificación.
En términos de sostenibilidad, la orden establece que el marco retributivo no incentivará nuevas infraestructuras relacionadas con combustibles fósiles.
En su lugar, la TRF aplicable a los activos de transporte y distribución estará orientada a favorecer la inversión en infraestructuras eficientes, rentables y con impacto positivo en el medio ambiente, en línea con los compromisos de España y la Unión Europea para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
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