La reducción constante de la demanda de energía eléctrica en España plantea un dilema crucial: ¿cómo mantener la competitividad y rentabilidad de la industria mientras se promueve el crecimiento de las energías renovables? 

«Tenemos el potencial de exportar acero verde, amoníaco verde, coches verdes… pero al final solo podremos exportar energía verde para que otro fabrique por haber descuidado la industria», resume Carlos Martín Graña, Responsable de Operación de ENERJOIN. 

Datos proporcionados por Red Eléctrica España revelan que en el acumulado del año, la demanda de energía eléctrica ha disminuido en un 4,4 % con respecto al mismo periodo de 2022, ubicándose incluso por debajo de los niveles registrados en 2020. 

Un análisis más detallado de las curvas del último mes muestra que durante las horas comprendidas entre las 22 y las 6 -propias de la demanda electrointensiva-, se registra una reducción de entre 2.000 y 3.000 MW. 

Estos sectores industriales, que incluyen la siderurgia y la química, son esenciales para la economía española, pero su alta dependencia energética los hace particularmente vulnerables ante la volatilidad de los precios y la reducción de la demanda.

“La estrategia del Gobierno es una gran apuesta a la fotovoltaica aunque esta tecnología solo cubre, en el mejor de los casos, el 30% de las horas del año”, remarca el experto en diálogo con Energía Estratégica España. 

En este sentido, destaca como ejemplo las dificultades en la tramitación de parques eólicos y los frenos en el avance de proyectos como los recientemente intervenidos por la justicia gallega. 

“Al final, estas industrias compiten en mercados como el latinoamericano, en donde la energía es mucho más barata y prefieren parar la producción que vender a pérdida”, indica Graña. 

Para enfrentar este dilema, la Asociación Española de Grandes Consumidores de Energía (AEGE) propone soluciones que equilibren la expansión de las energías limpias con el apoyo a la industria. 

AEGE aboga por subastas de energías renovables destinadas específicamente a la industria, permitiendo que estas adquieran energía a precios competitivos. 

Además, sugiere promover mejores acuerdos de PPAs que brinden estabilidad de precios, lo que beneficiaría la planificación a largo plazo de las industrias.

En este sentido, Graña enfatiza: «Tenemos que hacerlo de forma equilibrada» y aclara que un diálogo constante y una colaboración efectiva entre el sector industrial, el Gobierno y los actores pertinentes son esenciales, una tarea que no puede ser subestimada. 

Consecuencias encadenadas

El descuido de las industrias electrointensivas podría resultar en una pérdida de competitividad e, incluso, en el cierre de fábricas. 

Estas industrias desempeñan un papel crucial en la economía española, y su declive tendría un impacto negativo en el empleo y en la generación de riqueza.

La reducción de la demanda por parte de las industrias electrointensivas puede generar volatilidad en el sistema energético. 

Estas industrias proveen una demanda constante que equilibra la producción de energías renovables y garantiza la estabilidad de la red eléctrica.

La falta de una demanda constante de las industrias electrointensivas aumentaría el curtailment, afectando su viabilidad financiera. 

Y esto, a su vez, podría ralentizar el crecimiento del sector de las energías limpias.

¿Una serie de hechos desafortunados?

Por último, Graña destaca cómo las decisiones pasadas y presentes en Europa y España determinan la volatilidad del mercado y la sostenibilidad económica.

Menciona que en 2008, Europa producía más gas a través del fracking de lo que consumía.

Sin embargo, en lugar de continuar con esta producción, se optó por comprar gas a otros países, generando dependencia del exterior, contribuyendo a que el mercado energético sea volátil y costoso.

Asimismo, señala que Europa ha adoptado una política agresiva en cuanto a las energías renovables y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y esta búsqueda se ha llevado a cabo a expensas de la industria y la competitividad económica.

También destaca que en debates sobre la transición energética, la inversión en la industria ha sido limitada, “solo un 2% en 2022”.

Finalmente, manifiesta que, a pesar de que los precios en el mercado han bajado debido a la creciente contribución de las energías renovables, se está considerando establecer un precio regulado fijo. 

“Esta medida va en contra de la tendencia actual y podría tener implicaciones en la estabilidad del mercado”, sostiene y subraya que, como país, es fundamental reconocer que sin una demanda constante, el sistema energético y las políticas implementadas “carecen de una base sólida”.