VISÍTANOS en LATINOAMERICA
diciembre 16, 2022
Diferencias. El PP se posiciona sobre la caducidad de 100 GW renovables, las subastas y aceleración de trámites
Juan Diego Requena Ruiz, portavoz de Energía del Partido Popular (PP), en entrevista exclusiva para Energía Estratégica España, propone ampliar 6 meses más el plazo de caducidad de proyectos eólicos y solares. Además, destaca el rol de la confianza y de las subastas de renovables. Sorprende con su postura sobre la aceleración de la tramitología para grandes proyectos.

Un gran revuelo se está dando en el sector renovable español: Unos 100 GW eólicos y solares fotovoltaicos perderán su estado de trámite el próximo 25 de enero de no obtener antes de esa fecha su Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Pero esta situación ya luce muy difícil para el grueso de los proyectos.

En una entrevista exclusiva para Energía Estratégica España, Juan Diego Requena Ruiz, portavoz de Energía, Diputado por Partido Popular (PP) desde el 2019 y uno de los integrantes de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, cuenta qué estrategia ejecutaría el PP ante esta situación y analiza el sector.

¿Cómo encuentra el PP esto que está sucediendo con la caducidad de una importante masa de proyectos eólicos y solares fotovoltaicos?

Lo que está sucediendo es que no se están cumpliendo los hitos por diferentes motivos, principalmente por los trámites burocráticos.

Por más que no se instalen todos estos GW, porque quizá algunos no cumplan las condiciones de ubicación de la parcela, de necesidad o de capacidad del nudo, lo que es cierto es que hay un atasque burocrático y un colapso de la administración que requiere un tratamiento.

Es necesario lograr que avancen las autorizaciones administrativas necesarias para que puedan avanzar los proyectos y que sean instalados.

Además, este es un problema que ha denunciado la patronal del sector fotovoltaico y del sector eólico. Las Comunidades Autónomas no dan abasto a cumplir con los procedimientos administrativos necesarios.

Lo que proponemos es, ya que los hitos son difíciles de conseguir y concretar, que el proceso se amplíe seis meses más para darle tiempo suficiente tanto a las Comunidades Autónomas como al Ministerio (MITECO), para que puedan darles respuestas a los permisos que correspondan para que, así, no se pierda esa capacidad renovable que necesitamos para conseguir los hitos del Plan Nacional de Energía y Clima y de descarbonización del sistema eléctrico.

De lo contrario, caducarán esos expedientes y esos derechos que tienen los proyectos, por 100 GW, perderán su acceso y conexión a red eléctrica y van a perder la antigüedad; y podría suceder algo más peligroso todavía, que es que pierdan los avales que han puesto, de 40.000 €/MW. Es decir, son €4.000 millones los que se pueden perder.

¿Pero los avales no se terminarán por devolver a las empresas?

Sí, se pueden devolver. Lo que indica la Ley es que si la no consecución de los hitos administrativos es por una cuestión que no es atribuible al promotor, se les devolverá. Pero de todos modos es muy importante para las empresas la pérdida del punto de conexión a la subestación.

El miércoles de esta semana usted propuso que se extienda la fecha del 25 de enero, pero la coalición gobernante votó en contra. ¿Podrán proponer una nueva instancia para que se prolongue el tiempo límite?

El problema que tenemos es que se acaba el período de sesiones y ya no hay una posibilidad de que se amplía el plazo. Solo queda un pleno, que es el de la semana que viene, pero ya no hay más sesiones de Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Y recién el período de sesiones se reanuda en febrero.

Sólo restar a esperar por una orden ministerial que diga que este plazo de caducidad se ampliará.

¿Y usted cree que esto es posible? Porque el miércoles ha tenido una votación en contra…

Si nos remitimos a la palabra de la ministra Teresa Ribera, ella cree que hay muchos proyectos que son especulativos y que esta es una forma de acabar con esa especulación. ¿Pero qué sucede con los proyectos genuinos, es decir, aquellos que son sólidos y cuentan con financiación y respaldo de inversores y que por una cuestión ajena a su buena fe se quedarán fuera?

Se ha generado una expectativa muy alta para el mercado renovable, tal es así que la cantidad de solicitudes de acceso y conexión que se han presentado este año exceden los objetivos del Plan Nacional de Energía y Clima para el 2030.

Ha habido un incentivo regulatorio y legal muy grande para proyectos de energías renovables. Se fijaron hitos temporales que hicieron que todos los promotores quisieran llegar antes que los demás para instalarse y contar con un lugar en el sistema eléctrico, y, por tanto, es que todos los inversores han llegado a la par generando una cantidad de expedientes enormes por el miedo a quedarse fuera de esa posibilidad de acceder y conectarse a la red.

Si se hubiese hecho de otra manera, no con esos límites temporales y ese llamamiento masivo, sino de manera escalonada, hubiese sido distinto.

En conclusión, esta situación genera el absoluto bloqueo de la administración, que estaba preparada para resolver trámites por 3, 4 o 5 GW al año, pero se terminaron presentando 100 GW.

¿Cómo hubiese abordado este tema el PP?

Es que este desarrollo, este apetito por las energías renovables, lo teníamos que haber acompasado a las necesidades que tiene tanto el país, para cumplir nuestros objetivos medioambientales, como también las oportunidades que ofrecen nuestra industria y adaptarlo y regularlo acorde a las posibilidades que nos da nuestra administración.

Nosotros hicimos subastas de energías renovables satisfactorias. Se incorporaron 9.000 MW entre los años 2016 y 2018, de manera que permitía acompasar la resolución administrativa, la producción de nuestra industria y la construcción de nuestros promotores, así los proyectos se incorporaron paulatinamente y progresivamente a nuestras necesidades.

Eran subastas rentables por sí sola. No a una llamada masiva a una inversión para colapsar tanto los puntos de acceso y conexión como para colapsar nuestra administración.

Otro aspecto tiene que ver con una falta de planificación. Si en 5 años tiene que estar desarrollada toda la energía renovable que tenga solicitud de acceso y conexión a la red de transporte y distribución, quién garantiza que la industria nacional es capaz de producir las palas, los motores, las células fotovoltaicas para que se instale toda esa potencia en un lapso corto y no hasta 2030, o 2050 como está previsto.

Nosotros lo hubiéramos hecho de manera más pausada, más progresiva, de manera que nos hubiese dado más certidumbre legal y lo hubiéramos hecho a través de subastas, y que la variable precio fuese una, para que pueda ser rentables por sí sola.

Pero también hubiéramos hecho una planificación acorde a nuestras redes de transporte y subestaciones, de tal manera que no se colapsan unos puntos, que la capacidad de acceso y conexión no fuese para el primero que llega, y no permitir que en un nudo que tenga una capacidad de 100 MW aparezcan solicitudes por 500 o 1.000 MW, porque no se va a poder evacuar esa energía y además está colapsando la administración.

Es decir, lo hubiéramos hecho de un modo completamente diferente. Y desde luego que no hubiéramos hecho es un llamamiento masivo con límites en el tiempo que genera nerviosismo e incertidumbre. La prueba más evidente es que en la última subasta se licitaron 3.300 MW de renovables y ha quedado desierta.

Esto ha sucedido porque probablemente los inversores tengan miedo por el atasco burocrático que hay ahora mismo para resolver una cantidad de expedientes tan enormes. Pues, si pierden su derecho de acceso y conexión y no tienen garantizada la viabilidad de su inversión, ya sea porque no tenga finalmente conexión a red o porque las administraciones no les resuelvan la documentación previa.

Si todo eso caduca en el tiempo, los inversores ven que hay muchos sitios donde invertir antes que ir a España.

Por otro lado, hemos visto que el gobierno se ha puesto en contra de la aceleración en los trámites administrativos para proyectos de energías renovables qué propone la Unión Europea. ¿Cuál es la postura del PP al respecto?

Nosotros tenemos una posición clara: No podemos acelerar los procesos de desarrollos de renovables a costa de nuestro medio ambiente. Tenemos que garantizar que las implantaciones son las óptimas, que cuentan con una declaración de impacto ambiental que sean favorables, que sea respetuosa con nuestro medio ambiente.

Luego, lo que dice la Unión Europea de aquellas instalaciones menores a 50 kW, aquellas que son destinada para autoconsumo, podemos admitir que los permisos le sean más leve. Pero lo que no vamos a pasar nunca por alto es que prescindamos  de la autonomía local a la hora de conceder permisos.

Es decir, el ayuntamiento, el municipio y las Comunidades Autónomas tienen que tener la última palabra para autorizar o desautorizar la posibilidad de implantar energías renovables en cada uno de sus términos municipales.

Pero sí apostamos a que no haya duplicidad de procedimientos; sí a que se digitalicen todos los procedimientos para que sean más ágiles; sí a que la administración se equipe demás medios para resolver de manera más rápida; pero no a que todo eso sea a costa de nuestro medio ambiente, de la lucha contra el cambio climático y la autonomía municipal.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Suscríbase a nuestro Newsletter

Mantenemos sus datos en privado y sólo los compartimos con aquellas terceras partes que hacen el servicio posible. Lea nuestra política de privacidad para más información.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors