En los últimos meses, Italia ha implementado cambios significativos en su marco regulatorio de energías renovables, particularmente a través del Decreto de Áreas Idóneas y el Decreto Legislativo Consolidado 190/2024. Según Andrea Sticchi Damiani, fundador del estudio legal Sticchi Damiani, estos ajustes están marcados por un endurecimiento de las normativas que plantea obstáculos para la implementación de proyectos de energía limpia.
“La normativa actual refuerza la prohibición de instalar plantas fotovoltaicas en áreas agrícolas y permite a las regiones adoptar leyes aún más restrictivas para definir áreas idóneas,” señala Sticchi Damiani. Este enfoque ha generado controversia, especialmente en regiones como Cerdeña, donde se ha declarado como “no apto” prácticamente todo el territorio regional. Además, la región ha invalidado autorizaciones previamente otorgadas, incluso aquellas con obras significativas ya iniciadas.
Por otro lado, el Decreto de Áreas Idóneas introduce una nueva posibilidad para los desarrolladores: la expropiación de terrenos necesarios para las líneas de conexión a través de Procedimientos Autorizativos Simplificados (PAS). Este mecanismo, aunque simplifica algunos aspectos administrativos, genera tensiones entre los intereses de los desarrolladores y los derechos de propiedad, especialmente en un contexto donde las regiones tienen la potestad de endurecer aún más los criterios.
Un entorno legal más complejo para los desarrolladores
El rol de los desarrolladores será crucial en este nuevo escenario, donde deberán identificar áreas aptas para proyectos de energías renovables y, en muchos casos, enfrentar desafíos legales para avanzar con las autorizaciones. “Obtener permisos puede implicar apelar decisiones administrativas o regulaciones que contradigan los principios establecidos por la Unión Europea,” enfatiza Sticchi Damiani.
Este desafío no es nuevo. Entre 2020 y 2024, los desarrolladores ya enfrentaron la resistencia de las superintendencias nacionales, que a menudo adoptaban posturas contrarias sin un análisis técnico exhaustivo. En esa etapa, la jurisprudencia desempeñó un papel decisivo para redefinir el equilibrio entre la protección del paisaje y la necesidad de expandir las energías renovables.
Un ejemplo de ello fue el fallo del Consejo de Estado italiano (Cons. St., n.º 2983/2021), que declaró que la instalación de plantas de energía renovable es necesaria para proteger el medio ambiente y, por ende, también el paisaje. Sin embargo, los desarrolladores aún enfrentan barreras burocráticas significativas, especialmente en áreas donde las regulaciones locales se contradicen con los principios europeos. Esto ha generado una creciente demanda de asesoría legal especializada para superar las restricciones administrativas y garantizar que los proyectos cumplan con las normativas en constante cambio.
Impacto en Cerdeña: una región bajo escrutinio
La Autónoma Región de Cerdeña es un claro ejemplo del impacto de estas normativas. Según un informe reciente, los desarrolladores de proyectos fotovoltaicos enfrentan bloqueos masivos debido a la interpretación regional del Decreto de Áreas Idóneas. El sistema de Información Geográfica (GIS) local ha clasificado grandes extensiones como no aptas, argumentando la necesidad de proteger el paisaje y la biodiversidad. Sin embargo, esta postura ha generado críticas, especialmente porque compromete objetivos nacionales e internacionales de descarbonización.
A esto se suma un problema adicional: la incertidumbre jurídica sobre proyectos previamente aprobados o en ejecución. Cerdeña ha invalidado autorizaciones de proyectos en curso, dejando a los desarrolladores en una posición vulnerable frente a inversiones ya realizadas. “El marco actual no solo afecta nuevos desarrollos, sino que pone en riesgo la viabilidad económica de proyectos ya avanzados,” advierte Sticchi Damiani.
La legislación europea y su papel como mediadora
En este contexto, la legislación de la Unión Europea se posiciona como un aliado clave para los desarrolladores. Las directrices europeas priorizan el despliegue masivo de energías renovables como una estrategia central para alcanzar la neutralidad climática en 2050. Sin embargo, los desarrolladores deben estar preparados para enfrentar litigios prolongados con administraciones locales que a menudo priorizan intereses específicos sobre los compromisos climáticos europeos.
El caso de Italia refleja una tensión entre las metas europeas y las políticas locales. Mientras el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) establece objetivos ambiciosos para 2030, incluyendo un aumento significativo en la capacidad fotovoltaica, las restricciones regionales pueden comprometer estos avances. “Es fundamental que el marco regulatorio nacional y regional se alinee con los compromisos asumidos a nivel europeo,” recalca Sticchi Damiani.
Un camino plagado de desafíos y oportunidades
A pesar de las restricciones, el sector cuenta con oportunidades significativas, particularmente a través de herramientas como el Decreto de Farenti. Este marco establece incentivos y beneficios fiscales para desarrolladores que logren superar las barreras iniciales. Según el portal Estrategia Energética, Italia busca generar más de 20 GW de nueva capacidad renovable para 2025, un objetivo que requerirá cooperación entre regiones y desarrolladores.
Además, el Decreto de Áreas Idóneas también introduce un enfoque más inclusivo para los actores comunitarios y las comunidades energéticas. Este modelo busca fomentar la participación local en proyectos renovables, promoviendo un acceso más equitativo a los beneficios económicos y ambientales.
En conclusión, el nuevo marco normativo de Italia presenta un desafío estratégico para la transición energética del país, en el que los desarrolladores, legisladores y tribunales desempeñarán roles fundamentales. “La implementación exitosa de proyectos de energías renovables dependerá de la capacidad de los actores del sector para adaptarse y defender los principios establecidos por la legislación europea,” concluye Sticchi Damiani.
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