La compañía Akuo desarrollaba un mega proyecto fotovoltaico llamado “Magda”, el cual previa la instalación de 148.000 placas solares en un terreno de 250 hectáreas en el municipio de les Coves de Vinroma en Castellón, Comunidad Valenciana por una potencia de 150 MW.
Sin embargo, la promotora presentó hace unos días la renuncia del proyecto ante el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), por lo que se paraliza el desarrollo del mismo.
Desde el principio el emprendimiento generó contestación social y revueltas por parte de los vecinos, plataformas DE ciudadanos, municipios y localidades cercanas que exigían la protección del territorio.
La compañía tenía más de 50 condicionantes medioambientales para poder llevar adelante el proyecto, los cuales debía cumplir antes del pasado jueves 25 de julio, fecha en la que se venció el hito para obtener el permiso de autorización administrativa de construcción.
El parque había comenzado el procedimiento de evaluación de impacto ambiental en septiembre del 2022 y obtuvo su declaración de impacto ambiental positiva (DIA) en enero del 2023.
Tras esa autorización el proyecto se redefinió y redujo su potencia a 128 MW por las medidas propuestas en la DIA. El mismo tenía un presupuesto estimado de 95,3 millones de euros y tenía previsto instalar una línea de evacuación desde les Coves de Vinromá a Almassora por 52 kilómetros.
En el caso de que la empresa quiera retomar el proyecto debería iniciar un nuevo emprendimiento.
Renovables en la Comunidad Valenciana
La Comunidad Valenciana viene desde hace un tiempo afrontando una ralentización de autorización de proyectos renovables con un atasco de más de 400 expedientes.
Si bien hace unas semanas la Generalitat publicó la Ley Decreto 7/2024 con el objetivo de acelerar la tramitación de proyectos de energías limpias en la comunidad, especialistas del sector aseguran que todavía hay cierto rechazo social para este tipo de instalaciones debido al impacto medioambiental que puedan generar.
“Una de las críticas más persistentes a la rápida implementación de proyectos de energía renovable en la Comunidad Valenciana está siendo el impacto potencial sobre el medio ambiente y las comunidades municipales. Si bien la transición hacia fuentes de energía renovables es necesaria para combatir el cambio climático, es igualmente necesario asegurar que este cambio no comprometa la integridad ambiental ni el bienestar de los municipios afectados”, señala José Luis Bernal, experto y divulgador de renovables, en un análisis sobre la nueva normativa.
“Además del impacto ambiental, los proyectos de energía renovable también deben gestionar cuidadosamente los desafíos sociales. Las comunidades municipales, que son las primeras en experimentar los efectos de estos proyectos, deben ser consultadas e involucradas activamente en el proceso de planificación y ejecución. La implementación de proyectos sin una consulta adecuada puede generar resistencia y conflicto, comprometiendo la viabilidad y sostenibilidad del proyecto a largo plazo”, agrega.
El divulgador enfatiza en la necesidad de fomentar la educación y sensibilización ciudadana a través de programas de formación para “informar a las comunidades sobre los beneficios de las energías renovables y las medidas para proteger el medio ambiente”.
Otras medidas que sugiere Bernal son asegurar que las comunidades se beneficien directamente de los proyectos mediante creación de empleo local inversiones en infraestructura comunitaria, e implementar medidas que mitiguen los impactos negativos sobre el medio ambiente a partir de reforestación, corredores ecológicos y la protección de hábitats.
Y apunta a fomentar la participación activa de las comunidades municipales en todas las etapas del proyecto a través de consultas públicas para recoger las preocupaciones y sugerencias de los ciudadanos residentes.
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