El Net Zero Industry Act de la Unión Europea busca fortalecer la industria de fabricación de tecnologías limpias dentro del continente. Entre sus disposiciones, se incorpora la posibilidad de incluir criterios no económicos en las subastas renovables.
Según Alejandro Labanda, Director de Transición Ecológica de beBartlet, este cambio se debe a la reflexión sobre “hasta qué punto una asignación basada exclusivamente en precio está afectando la industria europea de renovables”.
Ahora, la normativa busca definir los criterios y el peso que estos tendrán en la evaluación de los proyectos.
En diálogo con Strategic Energy Europe, el consultor detalla que “se está discutiendo qué componentes deben ser considerados estratégicos y cómo se pueden estructurar los mecanismos para premiar su uso”.
Estos cambios dan lugar a múltiples modelos de subastas. Algunos gobiernos podrían asignar un porcentaje fijo de puntos a los proyectos que usen insumos europeos, mientras que otros podrían segmentar la capacidad subastada en categorías con y sin criterios no económicos.
Labanda identifica varias formas en que los países podrían diseñar sus subastas:
- Puntaje adicional: otorgar puntos extra a los proyectos con un mayor porcentaje de insumos fabricados en la UE.
- Cupos diferenciados: dividir la subasta en bloques, permitiendo que una parte se asigne exclusivamente a proyectos con contenido local.
- Requisitos mínimos: establecer que ciertos componentes esenciales sean fabricados en la UE para poder participar.
“No hay un único modelo de subasta”, enfatiza el referente y añade que “cada país puede adaptar los criterios según sus necesidades y su capacidad industrial”.
Actualmente, España ya tiene un marco legal que permite incluir hasta un 30% de criterios no económicos en las subastas, según lo estableció el Real Decreto 8/2023. Sin embargo, esta herramienta nunca se ha utilizado en ninguna convocatoria.
El país no ha convocado nuevas subastas renovables desde noviembre de 2022, incumpliendo el calendario que preveía licitaciones anuales.
En esa última subasta, se ofertaron 3.300 MW de eólica y fotovoltaica, pero solo se adjudicaron 45,5 MW eólicos. Este resultado evidenció un problema de competitividad: los precios ofrecidos en la subasta quedaron por debajo de las expectativas del mercado.
En este sentido, se espera que con un nuevo diseño, el mecanismo vuelva a ocupar el rol de calmar la especulación con la volatilidad del mercado.
Según Labanda, “España tiene varias alternativas sobre la mesa para reformular las subastas sin comprometer la competitividad”. Algunas opciones incluyen:
- Crear un cupo específico para proyectos con fabricación europea, sin afectar la competitividad de los demás participantes, “el cual puede ser del 10%, del 40% o del 50% según el interés del Gobierno”.
- Ajustar los precios de referencia para que sean más atractivos para los desarrolladores.
- Evaluar si los criterios no económicos pueden aplicarse sólo en parte de la subasta, sin afectar la asignación total.
“Si el Gobierno decide incorporar criterios industriales, lo más lógico sería hacerlo de manera progresiva”, opina Labanda y agrega que “se podría empezar con un cupo limitado y evaluar su impacto antes de extenderlo a toda la subasta”.
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