El Consejo de Ministros de la Unión Europea ha aprobado una medida en la que establece que las instalaciones de energías renovables no deberán esperar más de un año por su tramitación ambiental, ampliando este plazo a dos años para las que se ubiquen en alta mar, como la eólica marina.

En diálogo con Energía Estratégica España, el Presidente del Clúster de Energía de Extremadura, Vicente Sánchez, considera que implementar una medida como esta en el país “sería muy complicado”.

En este sentido, explica que en España, y también en Europa, la burocracia es «bastante farragosa», y sobre todo con el tema del impacto medioambiental de los proyectos renovables”, explica el directivo.

“Ya nos gustaría que se lleve a cabo. Quizás se publique un Real Decreto para apoyar el hidrógeno verde, y se podrían acelerar los proyectos por vía de urgencia, pero esto no durará menos de un año y medio”, comenta el ejecutivo.

Profundizando en esta idea, indica que el problema que encuentra en la administración en España es el exceso de funcionarios y ministerios, lo que provoca una burocracia más dura.

“Tiene que haber mucho menos funcionarios, pero mucho más profesionalizados, y por supuesto menos burocracia. Se tendrán que rediseñar las consejerías y los ministerios inútiles”, enfatiza Sánchez.

El caso de Extremadura

A lo largo del 2022, la región extremeña fue la que más potencia fotovoltaica instaló en España, desarrollando 1.2980 MW nuevos, con los suma más de 5 GW de capacidad total en esta tecnología.

“En todo lo que refiere a la tramitación, Extremadura es puntera, sobre todo para grandes plantas. Se ha conseguido reducir los plazos de una forma significativa con respecto a otras Comunidades Autónomas, y la prueba está en el éxito que se está teniendo a la hora de recibir inversiones para la instalación de plantas renovables”, señala el directivo.

Asimismo, destaca que la principal mejora que se ha dado en Extremadura tiene que ver con los permisos de impacto ambiental al que, sin restarle rigor, se ha convertido en un proceso más ágil para las empresas.

“En Extremadura se demora actualmente unos dos años y medio, que es mucho tiempo, pero si en otro lugares se tardan cuatro años, parece algo increíble”, subraya el ejecutivo.