La transposición de la Directiva de Energías Renovables (RED III), que entró en vigor en noviembre de 2023, marca un punto crítico en la agenda energética de España. Con un plazo que finaliza el 21 de mayo de 2025, el país encara desafíos técnicos, legislativos y políticos para cumplir con los objetivos establecidos. 

Según Jorge Viñuelas, Responsable de Asuntos Europeos de beBartlet, en diálogo con Energía Estratégica España, la implementación de esta normativa será decisiva para acelerar la transición hacia un modelo energético sostenible.

Entre los elementos más estrictos de la Directiva donde los Estados Miembro tendrán poco o nulo margen de maniobra se encuentra la cuota mínima del 42,5% de energía renovable en el consumo final bruto para 2030. 

Otro punto clave es la creación de zonas de aceleración renovable, donde España está más comprometida, especifica que los plazos para la tramitación de proyectos de energías renovables se limitan a 12 meses, ampliables a 6 meses adicionales. 

Esto será complejo debido a la necesidad de coordinar entre las 17 comunidades autónomas, junto con la exigencia de establecer un punto único de contacto administrativo para simplificar procedimientos. 

Asimismo, la RED III sostiene que se deberá fomentar la colaboración transfronteriza, imponiendo plazos específicos que no permiten dilaciones.

Mayor margen de transposición: incentivos, obligaciones y modelos intermedios

Sin embargo, la Directiva también ofrece cierto margen de flexibilidad en la elección de instrumentos para alcanzar los objetivos. Entre las opciones, destacan:

• Incentivos positivos, como subvenciones o desgravaciones fiscales, que pueden fomentar la adopción de tecnologías renovables.
• Obligaciones directas a empresas, mediante sanciones o multas en caso de incumplimiento.
• Modelos intermedios, como los contratos por diferencia (CFD), que garantizan precios estables y reducen riesgos para los inversores en proyectos renovables.

Viñuelas señala que, aunque las herramientas son variadas, “la elección final dependerá del equilibrio entre las prioridades políticas y las restricciones presupuestarias del Gobierno”.

Uno de los temas más polémicos es la reciente eliminación del impuesto extraordinario a empresas energéticas, vigente hasta 2023, buscaba recaudar fondos adicionales para la transición energética, pero su falta de apoyo parlamentario ha llevado a su suspensión y, aunque el ejecutivo lo haya prorrogado por Decreto, se espera que el parlamento anule la iniciativa. 

“La ausencia de este impuesto podría traducirse en mayores objetivos para estas empresas, obligándolas a acelerar inversiones o asumir sanciones por incumplimiento”, señala Viñuelas.

En este sentido, el Gobierno podría endurecer su enfoque regulatorio para garantizar que estas asuman su responsabilidad en el cumplimiento de los objetivos de renovables.

Tecnologías críticas: solar, eólica, hidrógeno verde y almacenamiento en el centro del debate

El hidrógeno verde destaca como una prioridad estratégica. Empresas como Iberdrola y Moeve (anteriormente Cepsa) han intensificado sus esfuerzos para posicionarse en este mercado emergente, pero la falta de incentivos claros tanto para la producción como para la demanda frena su avance. Viñuelas subraya que “un modelo como el de contratos por diferencia (CFD), que garantice precios estables, sería crucial para atraer inversiones”.

El almacenamiento de energía y la eólica y solar a gran escala, por otro lado, enfrentan retos en su despliegue con grandes enfrentamientos sociales. 

A pesar de que la directiva cataloga los activos de almacenamiento como de “interés público superior”, la definición de criterios específicos para garantizar su implementación aún está pendiente. 

Esto es especialmente relevante en regiones como Asturias, Galicia, Cataluña, Andalucía donde las restricciones espaciales generan tensiones entre actores locales y desarrolladores de proyectos.

Descarbonización y demanda: discusiones paralelas

El debate sobre la transposición de la RED III refleja un delicado equilibrio entre promoción e imposición. Mientras que “la simplificación administrativa y la reducción de plazos son avances importantes”, como afirma Viñuelas, el diseño de políticas efectivas sigue siendo un desafío. Esto se extiende más allá de la energía eléctrica, afectando sectores como el transporte y la industria, donde la integración de renovables sigue siendo limitada.

El diseño de incentivos a la demanda y el debate sobre la descarbonización de sectores no eléctricos son fundamentales, aunque discurren en caminos paralelos.

Por un lado, los incentivos a la demanda, como las subvenciones para vehículos eléctricos, hidrógeno verde o sistemas de almacenamiento, buscan estimular el consumo de tecnologías limpias. 

Estas medidas son cruciales para generar un mercado sostenible que incentive a las empresas a invertir en infraestructura y producción renovable. 

Sin embargo, según el Responsable de Asuntos Europeos de beBartlet, este enfoque requiere “una planificación meticulosa que garantice precios competitivos y accesibles, como los contratos por diferencia, para evitar que el riesgo recaiga en los consumidores finales”.

Por otro lado, la descarbonización de sectores como el transporte y la industria, altamente dependientes de combustibles fósiles, representa un desafío regulatorio. 

A pesar de que la RED III promueve la inclusión de energías renovables en estos sectores, las acciones específicas, como la electrificación del transporte pesado o la transición en la industria química, requieren políticas a largo plazo y debates sectoriales que trascienden el marco inmediato de la transposición.

Mientras que los incentivos a la demanda se enfocan en soluciones inmediatas y tangibles, el debate sobre la descarbonización aborda cambios estructurales que exigen más tiempo y recursos. 

Paralelamente, se anticipan reformas en las tasas de retribución de las redes y en los procesos de planificación de la red de transporte. 

Aunque estas discusiones avanzan en un ámbito separado, su impacto en el marco general de la transición energética no puede subestimarse: la aceleración de uno puede facilitar el progreso del otro, creando un ecosistema más robusto para la transición energética.

“La RED III se ocupará específicamente de cómo incorporar más renovables a la red y los debates sobre la demanda y capacidad de la red se darán en otros ámbitos, ya que operan en arenas distintas con actores y prioridades específicas”, enfatiza el experto. 

Los siguientes pasos

Con apenas cinco meses restantes, España enfrenta una compleja tarea para garantizar que la transposición de la RED III sea efectiva y oportuna. 

Desde los retos tecnológicos y regulatorios hasta las controversias políticas, los próximos pasos definirán no solo el cumplimiento de los objetivos europeos, sino también el futuro de la transición energética nacional. 

La Unión Europea podría imponer multas a España, añadiendo presión económica a un escenario ya de por sí complejo que no sería extraño para este Gobierno que se ha demorado con advertencias, tomándose su tiempo para cumplir con los documentos.

No obstante, pese a que existe el recurso de resolución mediante Real Decreto, Viñuelas destaca que “aprobar la transposición por la vía urgente puede acelerar el proceso, pero sacrifica el debate público y la oportunidad de desarrollar una normativa integral y bien adaptada”. 

Este enfoque apresurado podría limitar el potencial de la directiva y dejar cuestiones críticas sin resolver, comprometiendo la sostenibilidad a largo plazo de la transición energética en el país. 

“La clave estará en combinar incentivos efectivos con una regulación clara que acelere los procesos sin comprometer la equidad ni la sostenibilidad”, concluye el especialista.