La Comisión Europea ha emitido un dictamen motivado dirigido a España, instando al país a cumplir con la plena transposición de las normas de la Unión Europea sobre la promoción de las energías renovables en los próximos dos meses. 

Esta directiva es la que fija el objetivo vinculante a nivel europeo de al menos el 32% de energía renovable hacia 2030, al tiempo que busca simplificar los procedimientos administrativos y fomentar la participación ciudadana en la transición energética.

Según lo establecido, debía transponerse a la legislación nacional antes del 30 de junio de 2021. Sin embargo, a pesar de un aviso formal de la Comisión Europea en julio de 2021, el proceso no se ha completado en su totalidad.

Tanto la aceleración de los procesos administrativos de los grandes parques como reglamentar el segmento de las comunidades energéticas y autoconsumo colectivos [VER ARTÍCULO], son algunos de los pendientes que le queda al Gobierno. 

En cuanto a las tramitaciones, en medios nacionales, la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha difundido que mantiene reuniones con diferentes asociaciones y referentes de las renovables para llevar a cabo una “profunda  revisión de la situación de los proyectos” en enero de 2024. 

En estos momentos hay 68 GW en tramitación, de los cuales 43 GW cuentan con una fase similar de desarrollo e idénticos plazos (80% fotovoltaica y 20% eólico). 

Todas estas plantas tienen hasta el 25 de enero para tener lista toda la documentación, ya que en caso contrario obligaría a ejecutar los avales y retirar los permisos concedidos en estos últimos años.

No obstante, estará sujeto a los resultados de las sesiones del Congreso de los Diputados que definirán al nuevo jefe del ejecutivo y si no se llegara a los votos necesarios, se convocará a elecciones nuevamente el 14 de enero. 

¿Cuáles son los retos que retrasan su implementación?

Este contexto refleja que los retos que enfrenta España en la implementación de esta normativa son diversos y complejos. 

“La evaluación de los impactos económicos, sociales y ambientales y la gestión de procedimientos administrativos en un contexto de recursos limitados y una alta carga de trabajo en las administraciones públicas, se han convertido en obstáculos significativos”, explica Alicia Carrasco, CEO de olivoENERGY y Directora Ejecutiva de ENTRA energía. 

En diálogo con Energía Estratégica España, la especialista en políticas y mercados energéticos, señala que la implementación de la legislación en materia energética y de descarbonización también choca a menudo con plazos apretados y cuestiones políticas y económicas que ralentizan el proceso.

Sin embargo, la Comisión Europea ha dejado claro que no tolerará más demoras. 

Si España no cumple con su obligación de transponer la Directiva en los próximos dos meses, se abrirá la posibilidad de un procedimiento sancionador que podría resultar en multas considerables. 

En este sentido, Carrasco indica que esta no es una amenaza vacía, ya que en el pasado la Unión Europea ha aplicado sanciones por no cumplir con la normativa comunitaria, particularmente en el ámbito medioambiental.

Entonces… ¿Por qué el avance en estos ámbitos sigue siendo un pendiente? Según concluye la experta, es porque el legislador nacional ha de actuar con cautela y rapidez.

“Algo difícilmente conciliable en estas materias a fin de dar una respuesta ajustada a las exigencias de la normativa comunitaria y a las expectativas políticas de la Unión que involucra de forma prácticamente igual a todos sus Estados miembros”, agrega.