Luego de una votación muy pareja, el Congreso nacional aprobó el paquete de medidas anticrisis del Gobierno por 172 votos contra 171, donde se destacan dos normativas que impactan en el sector renovable dentro del Real Decreto-ley 8/2023.

Por un lado, se establece una prórroga de seis meses para la obtención de la Autorización Administrativa de Construcción (AAC), donde habría más de 40 GW renovables, cuando en anteriormente hubiera terminado el 25 de enero.

En diálogo con Energía Estratégica España, el Director General de APPA Renovables, José María González Moya, hace una valoración de este paquete de medidas y su impacto en el desarrollo de renovables en el país.

Asimismo, comenta cómo verán estas medidas los inversores en las instalaciones renovables, remarcando que se trata de una oportunidad y esperan que “no se desaproveche”.

Finalmente, desde APPA hacen mención de posibles medidas complementarias para este Real Decreto Ley, entre las que se destacan las subastas de energías renovables del Gobierno, principalmente para apoyar a otras tecnologías que están viendo un crecimiento como la eólica o la fotovoltaica.

¿Qué valoración hacen de este decreto anticrisis? 

El Real Decreto-ley 8/2023 amplía los plazos para la obtención de la autorización administrativa de construcción y la puesta en marcha de los proyectos, en 6 meses y 3 años respectivamente. 

Esto permite mejorar la perspectiva de la integración renovable, dado que el volumen existente de proyectos y el plazo que existía previamente, donde toda la potencia debería haber estado conectada en 2025, era imposible de llevar a cabo.  

La aprobación del decreto plantea un horizonte de conexión más realista, aunque los objetivos de instalación siguen siendo tremendamente ambiciosos. 

Dentro del campo de las renovables también se reserva capacidad para la evacuación del excedente del autoconsumo, esto está orientado a grandes proyectos, lo que entendemos como un paso positivo, en el Informe Anual del Autoconsumo Fotovoltaico pudimos ver que, del orden del 20% de la electricidad generada por las grandes instalaciones debe desperdiciarse por no facilitar estos vertidos. 

Otro paso importante es la modificación de la prioridad en los usos del agua. El almacenamiento y la generación hidráulica ahora son prioritarios sobre otros usos industriales, estando solo por detrás, en orden de importancia, del consumo y los usos agrícolas y ganaderos. 

¿Qué impacto cree que tenga en la inversión en proyectos renovables? 

Es un impacto positivo, al proteger las inversiones que, estando en curso, no habían podido alcanzar el hito administrativo correspondiente a enero de 2024. 

Adicionalmente, el mayor horizonte de conexión de los proyectos permite una integración mejor por parte del operador de red y las distribuidoras, esperemos que no se desaproveche esta oportunidad. 

Por último, es importante entender que esta regulación viene a subsanar una situación que se había producido debido al alto interés en desarrollar proyectos renovables en España. 

Es importante que, de cara al futuro, ordenemos mejor esa integración renovable evitando las políticas de arranque y parada. 

Es mucho más positivo para el sector un desarrollo ordenado, aunque sea más lento, que vivir moratorias, como ocurrió, y exceso de solicitudes de potencia, que es lo que debemos gestionar ahora. 

¿Qué otra medida o avance regulatorio esperan para complementar este decreto? 

Estamos pendientes de subastas de capacidad y de medidas que impulsen otras energías renovables que ahora no se están desarrollando según lo previsto en el PNIEC. Tenemos un Plan y debemos ceñirnos a él mientras no se modifique. 

En 2023 hemos visto un alto ritmo instalador de fotovoltaica, tanto para venta a mercado como para autoconsumo, y una caída de la instalación eólica. 

Otras tecnologías renovables (biomasa, hidráulica, biocarburantes…) que no siempre tienen que ser eléctricas, no se están desarrollando al mismo ritmo. 

Por último, es importante que integremos renovables en otros sectores como el transporte o la calefacción, bien de forma directa o bien mediante la electrificación de la demanda. 

Los objetivos marcados no se refieren únicamente al sistema eléctrico y el resto de sectores también deben alcanzar sus metas de renovables y descarbonización.