El pasado martes 12 de septiembre, tras 470 votos a favor, 120 en contra y 40 abstenciones, el Parlamento Europeo aprobó la Directiva Europea de Energías Renovables (ver).

El acuerdo eleva el objetivo renovable de la Unión Europea (UE) para 2030 hasta un mínimo del 42,5%, con un complemento adicional indicativo del 2,5%, que podría elevar el objetivo total al 45%.

Además, se introduce una meta indicativa para tecnologías innovadoras de energía renovable del 5% de la nueva capacidad instalada de renovables.

Pero uno de los hitos más importantes es que los gobiernos de cada país tendrán un plazo máximo de 12 meses para resolver los expedientes de tramitación ambiental de las instalaciones que se encuentren en “zonas de acceso de energías renovables”, y 24 meses para los emprendimientos que no estén ubicados en una.

“Las pequeñas instalaciones solares de autoconsumo tendrán tres meses para obtener sus permisos. Si la Administración no contesta, será el silencio administrativo positivo. Es decir, en tres meses la persona puede hacer ya su instalación y ponerla en funcionamiento. Por lo tanto, en todos los casos se aceleran los tiempos de aprobación de los permisos administrativos”, cuenta Nicolás González Casares, eurodiputado promotor de la medida.

En diálogo con Energía Estratégica España, el legislador indica que esta directiva “también va a ayudar a algunos de los problemas que está habiendo de permisos administrativos, no solo por el lado de la agilización, sino también por el del respeto a los territorios y la aceptación pública”.

“Ayudará a que exista una negociación entre quienes quieren instalar renovables y quienes disponen del territorio donde se instalan renovables”, considera.

¿Cuándo se ejecutaría en concreto esta medida? González Casares asegura que antes del plazo máximo de 18 meses puesta en vigor la directiva, es decir, aprobada por el Consejo, que es el próximo paso que está por darse.

Es que, una vez ejecutada la iniciativa a nivel europeo, cada Estado miembro tiene un periodo para adaptarla a su realidad nacional, y son normalmente las cámaras legislativas de cada país las que hacen este procedimiento. Pero lo cierto es que hay provisiones que tiene esta directiva que entran en vigor en el momento de su aprobación.

Mientras tanto, cada Estado miembro deberá ir realizando un mapeo de áreas de prioritarias donde se pueda dar esta aceleración de renovables, para que también se puedan agilizar los permisos en un plazo no mayor a un año.

“Eso debe hacerse también en diálogo con el territorio. Hemos introducido que las personas que viven en esos territorios también tengan la posibilidad de ser consultadas, porque creemos que es importante. La aceptación pública es un elemento esencial y es uno de los problemas que están teniendo muchos proyectos en Europa”, advierte el eurodiputado.

Además de los avances en el ámbito de la generación de energía, el acuerdo también establece nuevas medidas para promover la adopción de energías renovables en diferentes sectores, como edificios, industria, calefacción y refrigeración, y transporte.

Por ejemplo, respecto a los edificios, el objetivo es lograr que cuenten con un 49% de renovables para 2030, y en el transporte, reducir el 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero e incorporar, como mínimo, un 1% de combustibles renovables de origen no biológico.

La Directiva también refuerza los criterios de sostenibilidad de la biomasa, teniendo en cuenta las especificidades nacionales. Se limitan los programas de apoyo a la biomasa no sostenible como parte de un enfoque más sostenible de la bioenergía.

Almacenamiento

Cabe resaltar que España cuenta con unos 80 GW de proyectos eólicos y solares (principalmente solares) que avanzan en tramitación ambiental. Actualmente este proceso en el país puede demorar hasta 4 años, dependiendo la Comunidad Autónoma.

Si bien esta iniciativa de acelerar las tramitaciones es importante para el sector, en España se está dando un fenómeno de precios a 0 euros en el mercado marginalista en horas solares, debido a la gran incorporación que se ha dado en el último tiempo.

Esta situación no sólo está generando pérdida en la rentabilidad de las plantas, sino que el fenómeno también se expande a vertidos de energía por exceso, que no sólo afecta a la solar fotovoltaica sino que repercute en otras tecnologías, como la eólica.

“Evidentemente necesitamos más almacenamiento”, indica González Casares ante esta situación.

Recuerda que en estos momentos se está trabajando en una reforma del mercado eléctrico, “otro de los elementos que llevamos a cabo bajo mi responsabilidad”, recuerda.

“Estamos trabajando para que haya unos objetivos de almacenamiento en Europa y para facilitar que la legislación promocione el almacenamiento eléctrico en Europa. Eso está también trabajando en esa reforma del mercado eléctrico para dar complemento al masivo despliegue de renovables que va a ser necesario”, sostiene el eurodiputado socialista.

En esa línea, González Casares destaca que será fundamental no sólo la incorporación de metas robustas de hidrógeno, que permitan aprovechar las energías renovables variables sino también generar políticas que aumenten la demanda de electricidad por la vía de la movilidad, “porque en el transporte también es donde tenemos problemas de emisiones”, observa.

“Tenemos que aumentar la demanda eléctrica, pero por la vía de la electrificación del sector del transporte y el sector residencial. Esos son los dos elementos clave”, remata el legislador.