Uno de los principales desafíos que enfrenta el despliegue de renovables es la  discrepancia entre la oferta y la demanda, acelerando la canibalización de los precios tanto en el mercado diario como en la firma de PPAs. 

Así lo está demostrando el spot en las últimas semanas de invierno y la considerable reducción de un 40% de los precios a los que se firmaron los PPAs en los últimos meses.

En este sentido, durante las conversaciones de participación organizadas por el MITECO, sobre renovables y territorio, se hizo hincapié en la necesidad de frenar y repensar la dinámica del crecimiento, poniendo el foco en “cambiar la mentalidad de los consumidores”.

Uno de los primeros referentes en exponer durante la jornada del jueves fue Mario Sánchez-Herrero, Fundador y Director de Ecooo, una organización sin fines de lucro que impulsa el consumo colectivo de energía y propone una alternativa para los próximos tres años de transición energética. 

En esencia, considera priorizar el desarrollo de pequeñas y medianas instalaciones de autoconsumo colectivo con adhesión de 2 Km a modo de invertir en concientización sobre la electrificación y convivencia con las renovables, para resolver la brecha entre desarrollo de generación y demanda.

“Las comunidades energéticas no alcanzarán para abastecer todo el consumo; sin embargo, gracias a estos sistemas, sus integrantes se vinculan de otra manera con la energía, toma conciencia de cómo consumen y se va moviendo la demanda hacia los momentos en los que trabajan los paneles solares”, describe el activista. 

Asimismo, añade que esto serviría para aumentar la percepción positiva de los grandes huertos solares de cara a las necesidades de una sociedad más electrificada en unos años más adelante, garantizando una mejor rentabilidad a futuro.

Y es que la gran cantidad de proyectos que se ven demorados por protestas y reclamos de diferentes grupos está generando importantes inconvenientes tanto en la eólica como en la fotovoltaica a la hora de cumplir con los plazos, aumentando el riesgo financiero.

De esta manera, la postura de Sánchez-Herrero concluiría, según ha expresado en:

• Generar un cambio de paradigma en la percepción de la energía, promoviendo la participación ciudadana y el empoderamiento local en la gestión de los recursos energéticos. 
• Al fomentar la instalación de sistemas de autoconsumo y la creación de redes energéticas comunitarias, se fortalecería la resiliencia de las comunidades frente a fluctuaciones del mercado y se impulsaría la democratización del acceso a la energía.
• Además, esto ofrece una oportunidad única para resolver los conflictos sociales y mejorar la aceptación de los proyectos renovables a nivel local, ya que al involucrar activamente a los residentes en el proceso de planificación y toma de decisiones, se promueve la transparencia y se construye confianza entre todas las partes interesadas. 
• No sólo reduciría la probabilidad de enfrentar resistencia oposición local, sino que también podría acelerar el proceso de obtención de permisos y licencias, facilitando la implementación de proyectos.

Tales consideraciones serían respaldadas por lo postulado en la siguiente exposición de la jornada de escucha y participación, que estuvo a cargo de Guadalupe Ortiz, Socióloga de la Universidad de Alicante, quien afirmó que la mayoría de los conflictos de desarrollo de proyectos no se dan por contraposición de grandes grupos, sino en el ámbito local.

Según Ortiz, una de las principales debilidades de estas evaluaciones radica en su incapacidad para abordar adecuadamente la dimensión social de los proyectos, a pesar de los avances en este campo. 

“Para determinar la ubicación de la generación no se debería priorizar a los proyectos que sean los más rentables, sino aquellos que se realicen en los lugares más apropiados, con implicancias claves en su entorno”, indicó. 

En esta línea llamó a la reflexión para que se deje de ver a las instalaciones renovables como puntos aislados y “entenderlas como parte de un engranaje de un sistema muy amplio y complejo”. 

Por último, hizo un llamado a un cambio de enfoque en la evaluación de proyectos renovables, pasando de una perspectiva centrada en la aprobación técnica a un enfoque más orientado a la gestión de conflictos y la justicia social. 

Destacando la importancia de que las instituciones públicas lideren este cambio y promuevan una estrategia de desarrollo social más amplia, que tenga en cuenta los intereses de todas las partes involucradas, especialmente los grupos vulnerables.

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