En el BOE del día de hoy, el Gobierno ha publicado la Orden por la que se regula la concesión de acceso a la red a instalaciones de generación o almacenamiento síncronos que afecta a los Nudos de Transición Justa (NTJ) Garoña 220 kV, Guardo 220 kV, Lada 400 kV, Mudéjar 400 kV y Robla 400 kV.

Hoy se ha hecho público el documento que especifica que con la intención de dar robustez a la red, se convocarán iniciativas exclusivamente de instalaciones de módulos de generación de electricidad síncronos (MGES) e instalaciones de almacenamiento síncrono con una capacidad reservada total de 1.259 MW, según el informe de abril de Red Eléctrica.

La orden también reserva 100 MW de los 410 MW disponibles en el nudo Mudéjar 400 kV para la red de distribución, con el fin de promover la conexión de pequeñas instalaciones renovables. Sin embargo, el otorgamiento de esta capacidad está paralizado debido a la imposibilidad de conexión de instalaciones en la red de distribución. Por lo tanto, se establece un procedimiento adicional para la concesión de esta capacidad, así como para la capacidad de acceso adicional que pueda surgir en dicho nudo.

Las comunidades autónomas afectadas son Castilla y León, Principado de Asturias y Aragón y los interesados tendrán un plazo de un año para presentar sus proyectos.

Impacto socioeconómico

Como viene advirtiendo el Gobierno, luego de la publicación del RDL 8/2023, a fines de diciembre, el cual introduce criterios no económicos que signifiquen hasta en un 30% de la evaluación de los proyectos, las exigencias en este sentido se enfatizaron.

La solicitud para los permisos de acceso y conexión debe ir acompañada de compromisos específicos para llevar a cabo acciones de desarrollo socioeconómico que mitiguen el impacto de los cierres de las centrales térmicas en la población y los municipios de las zonas de los Convenios de Transición Justa especificados en el anexo I.

Estos compromisos deben incluir iniciativas relacionadas con el fomento del autoconsumo energético dentro de los municipios correspondientes, programas de recualificación profesional para residentes locales y acciones generadoras de empleo. En particular:

a) Compromisos en materia de autoconsumo de al menos 2 kW por cada MW de capacidad de acceso solicitado.

b) Compromisos en materia de recualificación profesional de al menos 1 destinatario por cada MW de capacidad de acceso solicitado, con una formación mínima de 100 horas por destinatario.

c) Compromisos de creación de empleo en centros de trabajo ubicados en municipios del anexo I, de al menos 1 ETC (equivalente a tiempo completo anualizado) por cada MW de capacidad de acceso solicitado. Se considerará tanto la creación de empleo en la operación y mantenimiento de las instalaciones de generación o almacenamiento como la creación de empleo en actividades socioeconómicas adicionales.

Además, se detallarán las actividades adicionales generadoras de empleo relacionadas con el desarrollo empresarial, el sector industrial, agrícola, de servicios, la conservación del medio ambiente o la cultura, entre otras, que se llevarán a cabo en los municipios mencionados.

La solicitud deberá estar acompañada de los acuerdos o preacuerdos firmados entre las partes que justifiquen los compromisos de creación de empleo adicionales, o en su defecto, de una declaración responsable. Los datos de cumplimiento de estos compromisos se reflejarán durante los primeros seis o diez años desde el otorgamiento de los permisos de acceso y conexión, dependiendo del tipo de proyecto.

Apuesta por proyectos solventes

El Gobierno deja en evidencia la búsqueda de proyectos que sean solventes, multiplicando por tres el coste de las garantías definitivas que tenían un valor de 40 euros y ahora 120 € el kilovatio instalado.

Según manifestaron a Energía Estratégica España fuentes del sector, esto es un paso positivo para el desarrollo del almacenamiento, ya que «despeja el mercado de especuladores» y concentra el interés de las grandes empresas.

Esta garantía definitiva se cancelará una vez se justifique y verifique el cumplimiento de los compromisos vinculados a las actuaciones de desarrollo socioeconómico incluidos en la solicitud de los permisos de acceso y conexión.

La justificación del cumplimiento de estos compromisos debe realizarse dentro de un plazo máximo de seis años desde el otorgamiento de los permisos de acceso y conexión. En el caso de solicitudes para proyectos de bombeo reversible, este plazo se extiende a diez años desde el otorgamiento de los permisos de acceso y conexión.