La energía eólica marina es una de las tecnologías renovables con mayor potencial de crecimiento en España, pero también una de las más controvertidas.

Recientemente, el sector pesquero ha presentado una demanda ante el Tribunal Supremo contra los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) aprobados por el Gobierno de España en febrero de 2023, los cuales buscan regular el desarrollo de esta actividad.

Los pescadores argumentan que los POEM se han elaborado sin considerar el impacto socioeconómico y ambiental que conllevaría la instalación de aerogeneradores flotantes en las zonas de pesca y los ecosistemas marinos.

El objetivo del Gobierno de España es alcanzar entre 1 y 3 GW de capacidad eólica marina instalada en 2030, según la Hoja de Ruta para el Desarrollo de la Energía Eólica Marina y las Energías Marinas publicada en diciembre de 2021.

Los POEM representan el primer paso para establecer un marco regulatorio claro y predecible para la energía eólica marina en España, donde actualmente solo existen cuatro proyectos que se encuentran paralizados debido a una moratoria.

Estos planes designan cerca de 5.000 kilómetros cuadrados como áreas de alto potencial para esta tecnología, distribuidos en 18 potenciales polígonos (0,46% del millón de kilómetros cuadrados que conforman la superficie marina española) sin comprometer el buen estado de los mares.

Sin embargo, en Canarias, existe un parque eólico situado a 1.850 metros de profundidad en Lanzarote, mientras que en Rosas (Gerona) el parque Leva 1 se encuentra a 12 kilómetros de la costa y Leva 2 en Menorca está a 5 kilómetros de la costa.

Estas distancias y ubicaciones parecen muy diferentes a simple vista y suscitan dudas sobre su viabilidad técnico-económica.

Organizaciones ambientales han objetado algunas de las delimitaciones realizadas, argumentando que el desarrollo de proyectos de esta naturaleza puede afectar a la biodiversidad en determinadas áreas, así como a la flora, fauna y riqueza pesquera, entre otros factores.

¿Cumplen las áreas seleccionadas con los requisitos del Sistema Eléctrico para ser puntos adecuados de inyección de electricidad que garanticen la estabilidad, operación y suministro eléctrico? Este es uno de los aspectos clave que debe resolverse en primer lugar.

La energía eólica marina flotante se adapta a las características de la plataforma continental española, que tiene una gran profundidad a poca distancia de la costa.

Esta solución permite instalar los aerogeneradores a mayor distancia, lo que reduce el impacto visual y acústico. Además, España cuenta con una industria naval, portuaria y eólica consolidada que podría beneficiarse de esta actividad.

La asociación de la industria eólica sostiene que es necesario asegurar áreas amplias y eficientes para permitir el desarrollo de la energía eólica marina en España, lo cual contribuiría a la transición energética y a la creación de empleo.

No obstante, el sector pesquero no está dispuesto a ceder espacio ni recursos al sector eólico si no se garantiza un impacto ambiental nulo o mínimo, así como una mínima interferencia en la actividad pesquera.

La energía eólica marina ha generado un conflicto entre dos sectores económicos con intereses opuestos, así como entre dos visiones sobre el uso sostenible del espacio marítimo.

Si el decreto ley es rechazado por vía judicial, habría que reiniciar todo el proceso.

El sector pesquero presentará una batalla legal en cada etapa, ya que temen que la energía eólica marina afecte negativamente a sus actividades y al medio ambiente.

El Gobierno de España debe asegurar un desarrollo ordenado y respetuoso de la energía eólica marina, teniendo en cuenta la biodiversidad marina y la actividad pesquera.

Además, es necesario garantizar que los parques se ubiquen en áreas adecuadas para su integración en el sistema eléctrico español, considerando los criterios operación y garantía de suministro y la proximidad a los puntos de demanda, así como con los mínimos costes para el sistema.

Nos encontramos en un momento crucial en el cual, antes de continuar con la expansión de la generación de energía renovable, la cual tiene impactos significativos a nivel ecológico, social y productivo, es necesario definir una estrategia nacional para la transición energética.

Esta estrategia debería optimizar al máximo las instalaciones renovables existentes y establecer pasos concretos para futuros despliegues, en sintonía con la evolución de la demanda y la electrificación de la industria y la sociedad.