En la tarde de ayer, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, informó de la situación energética en Europa y sus implicaciones en España: Plan +Seguridad Energética, ante la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Entre los principales puntos a destacar, la funcionaria mencionó que el Ejecutivo también indagará si las empresas energéticas están frenando el tránsito masivo de los consumidores que quieren pasar del mercado libre al mercado regulado del gas, a una semana de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abriese una investigación formal. 

Ribera aseguró que cuenta con información de que las compañías “están dificultando de forma particular el flujo de clientes del libre al regulado, subvencionado por el Gobierno y que es, hoy por hoy, entre dos y tres veces más barato». 

Por su parte, reafirmó el desembolso de 35.000 millones para aliviar la factura de los consumidores más vulnerables que corresponden a la batería de ayudas y rebajas fiscales ya puestas en marcha. 

Asimismo, anunció: «Somos sensibles a las nuevas demandas y en particular a la petición para que en lugar de facilitar el autoconsumo a un kilómetro de los núcleos urbanos, sea hasta los dos kilómetros, cosa que parece razonable». 

Según las cifras expuestas, las instalaciones de autoconsumo (individual o colectivo) se duplica cada año. 

“Este año instalaremos 10 veces el autoconsumo que había en julio de 2018, cuando llegamos al Gobierno”, enfatizó la  ministra al tiempo que incitó a “agilizar” las tramitaciones administrativas para las instalaciones renovables.

El ahorro del mecanismo ibérico

En otra parte de su intervención, Ribera ha cifrado en más de 1.900 millones de euros el ahorro que ha supuesto la entrada en vigor del mecanismo ibérico del gas y destacó su carácter “pionero” en Europa. 

No obstante, el foco de su discurso estuvo en la complejidad y en la solidaridad que implica repartir los costes de manera equitativa, aclarando: «Si un país de la Unión Europea necesita apoyo, es responsabilidad de todos estar en condiciones de poder apoyarlo».