Las empresas distribuidoras de energía eléctrica en España enfrentan un desafío crítico en el proceso de aprobación de sus retribuciones, lo que podría tener un impacto significativo en las inversiones y en la transición hacia una red más digitalizada. 

«La retribución del año 2020 aún no ha sido aprobada, en consecuencia tampoco las de los años 2021, 2022 y 2023, ya que cada una depende del año anterior», enfatiza la abogada experta en energía, Isabel Bassas Pérez, socia de Bassas Pérez Abogados y miembro de AEDEN Asociación Española de Derecho de la Energía.

Para cumplir según dice la ley, la retribución debería estar aprobada antes de que empiece el año, luego de que se publique la propuesta y atraviese el período de alegaciones. 

Según describe, esto significa un retraso de aproximadamente 5 mil millones euros al año, representando 20 mil en estos cuatro años. 

¿Por qué ocurre esto? En diálogo con Energía Estratégica España, la letrada explica que la retribución 2020 es la primera que será aprobada por la CNMC, quien probablemente no cuenta con los recursos necesarios para procesar a tiempo la información de las compañías distribuidoras. 

Cabe recordar que días atrás, la coalición entre PSOE y Sumar anunció un acuerdo en el que se incluye la creación de un nuevo regulador energético que se llamaría Comisión Nacional de Energía (CNE). 

Un ente que se recuperaría de antes de la unificación de la CNMC, pero que requerirá una considerable reestructuración de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

“Lo que suele pasar con estas iniciativas es que el día a día de los organismos en parte se ralentizan significativamente, porque están enfocados en esa reestructuración, con lo cual me inquieta que se demore todavía más lo que ya lleva años de retraso”, señala Bassas Pérez. 

Implicancias de las demoras retributivas

Por su parte, advierte que «la incertidumbre de no saber cuál es la retribución que les corresponde puede llevar a que las empresas distribuidoras retrasen sus inversiones» y manifiesta que esto puede generar múltiples inconvenientes. 

Como las empresas, aunque no tengan la retribución aprobada, tienen que cobrar, reciben pagos a cuenta. Por ello, finalmente, se deberán hacer ajustes.

En algunos casos serán importes a devolver a CNMC, pero también habrá empresas que estén cobrando de menos y podrán conseguir la diferencia.

En un contexto de transición energética, en el que las redes eléctricas se enfrentan a grandes retos, como el de su digitalización, la abogada Bassas destaca que es imprescindible garantizar que las distribuidoras puedan disponer de todos los recursos a su alcance para acometer las inversiones necesarias. 

Sin embargo, además de las demoras en las retribuciones, destaca que la metodología para su cálculo no tiene en cuenta variaciones en los costes. 

En este sentido describe que el aumento de precios de los elementos técnicos necesarios para ejecutar nuevas inversiones, o para reformar las ya existentes, pueden alcanzar hasta el 80%, lo que impacta negativamente en estas empresas.

“Todo eso es una penalización significativa y afecta a todas por igual porque la clasificación de estructuración de los valores unitarios no diferencia por tamaño de empresas, sino por zonas territoriales”, subraya Bassas Pérez.

En este sentido, aclara que en caso de discrepancias significativas, se acudirá a los tribunales, que tienen la competencia final para interpretar las normas.