La subasta renovable se hace esperar y el sector fotovoltaico exige un calendario claro, de dos concursos al año para tener mayor certidumbre a largo plazo. 

Tras un año sin novedades y luego de haber quedado vacante el 100% del cupo fotovoltaico en la última, José Donoso, Director General de UNEF expresa que este mecanismo se percibe como una respuesta efectiva a problemas como la canibalización y la incertidumbre generada por el modelo marginalista de fijación de precios.

“Necesitamos subastas cuanto antes, que sean a 20 años y que cuando el precio del mercado vaya a cero se cobre para dar respuesta a quien quiera seguridad a la hora de invertir”, subraya el referente en diálogo con Energía Estratégica España. 

En este sentido, considera que este enfoque fomenta una mayor competencia en comparación con los PPA, llevando a precios más competitivos y beneficiando al conjunto del mercado renovable.

Cabe recordar que la última licitación fue en noviembre del 2022 en donde 1.500 MW fotovoltaicos quedaron desiertos, con un precio medio de adjudicación de 42,4 €/MWh y con un contrato a 12 años. 

Uno de los elementos de este fracaso destacados por Donoso fue la incertidumbre regulatoria, ya que las empresas participantes enfrentaron dudas sobre la posibilidad de prórroga de los hitos de construcción, lo que desalentó su participación. 

Además, señala que en el pasado, los precios de la energía solar eran “altísimos”, pero la dinámica del mercado ha cambiado y estos deberán tener en cuenta la actualidad del mercado. 

Por lo tanto, el directivo asegura que la próxima subasta debe ser de una capacidad que esté alineada a los nuevos objetivos del PNIEC. 

«No debe ser una capacidad residual, sino que tiene que ser importante y estar en línea con la contundencia de los 76 GW solares hacia 2030», menciona determinante.

Cambios en el diseño

Para lograr que esta vez los grandes players encuentren atractiva este mecanismo, el referente de UNEF indica que se espera que además de lo antes mencionado, se incorporen cláusulas antimonopólicas para evitar la concentración, garantizando equidad y que den prioridad a proyectos con su Declaración de Impacto Ambiental positiva. 

Por su parte, destaca como un aspecto clave a tener en cuenta, sobre todo en la determinación del precio techo, el almacenamiento en los proyectos que den mayor flexibilidad de suministro y mejoren la rentabilidad. 

«Hay que priorizar el coste del almacenamiento antes del contador ya que es crucial tanto en los grandes parques como en el autoconsumo», sostiene Donoso y añade que será interesante conocer qué tipo de criterios no económicos se establecen en el nuevo diseño.

El RDL 8/2023 añade a estos mecanismos la posibilidad de sumar hasta en un 30% del puntaje aspectos como el uso de tecnología de origen nacional o europeo y el valor añadido a la comunidad local que promuevan los proyectos.